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Las tasas judiciales, pymes y autónomos, grandes perjudicados

Jose Luis Villar Fornos

Uno de los grandes cánceres de nuestra economía empresarial es el alto índice de morosidad que sufren a diario Pymes y Autónomos. No hay que olvidar que, en nuestro país, el verdadero entramado empresarial generador de empleo lo forma en gran medida el sector de las Microempresas y de las Empresas Familiares. No sólo estamos hablando del índice de impagados y morosidad generada por el tráfico ordinario entre empresas y particulares. Hoy en día el gran deudor de este tejido empresarial es el propio Estado y, en general, todas las administraciones públicas -cifras que, según lo últimos estudios, y aún tras el plan de pago a proveedores, señalan que la deuda vencida e impagada por las AA. PP. excede de los 10.000 millones de euros-. Pues bien, si dicha morosidad supone un incremento considerable en sus costes financieros -en próximos artículos analizaremos su influencia y porcentaje en los mismos-, que produce, incluso, la asfixia de muchas de ellas, la publicación de la llamada “Ley de Tasas” endurece aún mas su situación, no sólo desde el punto de vista de los importes concretos de las mismas, sino también desde el punto de vista de sus últimas consecuencias -aún mas grave-.

1.- Coste efectivo. Hasta la publicación de la ley sólo tenían que abonar tasas para reclamar judicialmente una cantidad, aquellas empresas que facturaban mas de 8 millones de euros al año. A partir de ahora, cualquier persona empresaria o empresa de reducida dimensión deberá abonar las tasas en idénticas condiciones a las de las grandes empresas.

De este modo, el panorama para reclamaciones económicas contra empresas y particulares son las siguientes:

En el orden de la jurisidicción civil:

clase de procedimiento cuantía
Verbal y cambiario 150 €
ordinario 300 €
Monitorio, Monitorio Euripeo y demanda incidental en el proceso concursal 100 €
Ejecución extrajudicial y Oposición a la ejecución de títulos judiciales 200 €
Concurso necesario 200 €
Apelación 800€
Casación y Extraordinario por infracción penal 1.200€

Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala de 2 tramos:

escala porcentaje
Reclamación de 0 a 1 millón de euros 0.50 %
Reclamación superior a 1 millón de euros 0,25 %

con un límite máximo de la cantidad variable de 10.000 euros.

A estos importes deberán añadirse los honorarios de abogado y procurador así como otras costas procesales como las de Certificaciones, derechos de peritos o publicación de edictos, o el incremento autonómico en algunas comunidades como la tasa de 60 euros de Cataluña.

Lo que quiere decir, a título de ejemplo, que para reclamar una deuda de 3.100 euros en un procedimiento verbal, el acreedor deberá pagar una tasa fija de 150 euros. A esta cuota tributaria hay que añadir la cantidad variable del 0,5% sobre la base imponible del importe reclamado (15,50 euros). Por lo tanto el demandante deberá abonar 165,60 euros de tasa, lo que supone un 5,33% del total del impagado que se deberá añadir al monto total del coste financiero que ha producido el impagado.

Pero si finalmente tiene que recurrir a la Audiencia Provincial para apelar la sentencia el coste total de las tasas ascendería a 1.154 euros, un 37,22% de incremento sobre el total de la deuda.

2 .- Conclusiones y consecuencias. De lo visto hasta ahora, se pueden observar cuatro claras conclusiones:

Efectivamente, si como dice el profesor Pere Brachfield:

desafortunadamente hasta ahora la Ley en España se lo había puesto mas fácil al moroso que al acreedor.

Con la nueva normativa la situación se antoja mas gravosa. No sólo por el coste efectivo que implica la aplicación de las tasas, sino por la lentitud de la Justicia que, con la saturación de los juzgados, puede hacer tardar mas de tres años en ejecutarse una sentencia definitiva, lo que favorece la impunidad del deudor recalcitrante. Razón por la cual habrá pocos que quieran demandar al deudor ya que todos estos costes y dilaciones hacen mas gravoso cobrarse una deuda que condonarla de facto. Por lo que el mismo profesor Bachfield se plantea dos interrogantes

¿Saldrá a cuenta reclamar determinados impagados? Y dicho de forma mas cruda ¿saldrá a cuenta no pagar si se es lo bastante caradura?.

Por nuestra parte, mucho nos tememos que la aplicación de las tasas supondrá que miles de facturas impagadas acaben en el cajón y en la categoría contable de pérdidas incobrables.

Dejaremos para otro artículo la repercusión de la Ley respecto a la reclamación a las AA.PP. de sus deudas, repercusión tan sangrante o mas que la expuesta.