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Las tasas judiciales, pymes y administraciones públicas (II)

Jose Luis Villar Fornos

En un anterior artículo comentábamos la incidencia de la nueva Ley 10/2012 de 20 de Noviembre o “Ley de Tasas” en cuanto a particulares y empresas dentro de sus relaciones comerciales dejando para otro artículo posterior esa misma incidencia en las relaciones comerciales entre las AA.PP. y sus proveedores.

Recordemos que la aplicación de la nueva Ley supone no sólo un aumento de los obligados al pago de las mismas (hasta ahora sólo tenían que pagar tasas las empresas que facturaban más de 8 millones de euros), sino que también supone un incremento en los supuestos a tributar. De este modo, a partir de ahora se tendrán que abonar tasas en los procedimientos contenciosos-administrativos entre otros.

De este modo, hoy en día reclamar a una AA.PP. por el impago de sus facturas les costará a todos los autónomos y Pymes las siguientes cantidades:

Procedimiento Importe
Abreviado 200 €
Ordinario 350 €
Apelación 800 €
Casación 1.200 €

Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala de 2 tramos:

escala porcentaje
Reclamación de 0 a 1 millón de euros 0.50 %
Reclamación superior a 1 millón de euros 0,25 %

con un límite máximo de la cantidad variable de 10.000 euros.

A estos importes deberán añadirse los honorarios de abogado y procurador así como otras costas procesales como las de Certificaciones, derechos de peritos o publicación de edictos.

Es decir la Ley determina la cantidad a abonar a la Administración para reclamar, paradójicamente, una deuda de la propia Administración.

Pero lo realmente curioso o paradójico es ver como la propia Ley prevee que las AA.PP. estarán exentas del pago de las tasas. De tal manera que a éstas. les resulta gratuito el poder seguir, y este caso ocurre muy frecuentemente, dilatando injustificadamente, utilizando recursos infundados, la firmeza de cualquier resolución que implique el pago de lo que se adeuda al proveedor demandante.

Dos consideraciones importantes como inicio:

España figura, junto a Grecia e Italia, entre los países cuyas AA.PP. pagan peor sus deudas.

Así se desprende del informe de European Payment Index 2011 de Intrum Justitia . Quién señala que en el 2012, en España, el plazo medio para saldar sus deudas las AA.PP. se ha elevado a 160 días, lo que supone un incremento de siete dias respecto al 2011 y casi el triple del plazo medio entre los socios europeos fijado en 60 días.

Sólo las autonomías tienen deudas pendientes de abonar por importe de 13.730 millones de euros.

Según el último informe sobre ejecución presupuestaria mensual de las comunidades hasta octubre de 2012 publicado por el Ministerio de Hacienda. Y ello sin contar que algunas comunidades están retrasando la contabilización en el presupuesto de algunas facturas mediante la controvertida cuenta 413 “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” (donde las comunidades registran el gasto de las facturas pero no las contabilizan en el presupuesto) y cuya cuantía asciende a mes de octubre, según el mismo informe, a 6.032 millones de euros, el doble que el año pasado.

Mientras que en las relaciones comerciales B2B sólo el 10% del tejido empresarial soporta unos niveles de impago que ponen en riesgo su actividad al superar el 10% de su facturación. Esta cifra se amplia al 19% del tejido empresarial en el caso de relaciones entre proveedores y administraciones públicas.

Según se desprende del 4º Estudio de la Gestión de Riesgo de Crédito en España elaborado por Crédito y Caución.

Pues bien, si a esto añadimos que la situación de privilegio que tenían las Administraciones con relación a sus proveedores se acrecienta considerablemente con la publicación de la nueva Ley, La situación de los proveedores de las AA.PP. es de absoluta indefensión con relación al cobro de sus facturas.

No hay que olvidar que, como señala la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), con ocasión del primer paso dado por el gobierno para solucionar el problema, como fue el pago a proveedores, aparecieron facturas pendientes incluso ¡en pesetas!.

Y, aunque la Ley de Morosidad de 2010 establecía un calendario para reducción en los plazos de pago hasta los 30 días para este año 2013, las Administraciones han hecho oídos sordos a la misma.

Por lo tanto, solo cabe recurrir en la mayoría de los casos por la vía contencioso-administrativa, con el aumento de costes y situación de privilegio que hemos observado.

Esperemos que

Este problema que ha ahogado y ahoga a un sector que representa el 65% del PIB, el 80% de empleo y el 99% del total de empresas españolas, vea una posible luz al final del túnel.

Mientras tanto, y sobretodo respecto a las facturas y deudas ya existentes, nos toca pagar mas para recurrir y rezar para que la administración de turno no quiera dilatar en el tiempo su obligación de pago.