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Amnistías fiscales, amigas íntimas de los defraudadores

Manuel Sánchez Barreiro

En ocasiones los gobiernos llevan a cabo medidas extraordinarias para, entre otros objetivos, revelar parte de los activos ocultos dentro o fuera de su jurisdicción y aumentar sus ingresos. Básicamente, son rebajas tributarias para los activos escondidos, y desconocidos para las administraciones, entre los que se encuentran los de los paraísos fiscales.

Se conoce como amnistía fiscal, una medida excepcional —durante un tiempo limitado— para regularizar activos no declarados —todo tipo de bienes y derechos— que consiste en la condonación de la deuda tributaria —intereses de demora y sanciones— sin coste o a cambio de un menor tipo impositivo. Probablemente, una ocasión única para blanquear a un menor precio y con protección jurídica, es decir, legalmente. En la mayoría de ocasiones, la legislación posterior al periodo de la amnistía suele ser más severa, con mayores penas para los defraudadores que no hayan hecho públicos sus bienes ocultos.

Esta medida genera división de opiniones. Algunos expertos dudan de su eficacia, la consideran inútil por si misma, y creen que debe ser articulada con otras políticas fiscales de afán recaudatorio para las arcas públicas. Mientras que otros la ven adecuada cada un cierto periodo de años, ya que permite incrementar la recaudación pública no sólo en el año de su aprobación sino también en próximos ejercicios —aumentando las bases imponibles futuras de los contribuyentes—. La propia OCDE recomienda una amnistía fiscal exclusivamente en países con grandes apuros económicos. Se enmarca dentro de un grupo de políticas fiscales muy especiales y nunca debe ser prolongada en el tiempo, ni frecuente.

Un punto positivo es la mayor recaudación pública, mucho o poco, una cantidad que no se llegaría a ingresar si no se lleva a cabo dicha amnistía. Sino, ¿por qué un evasor de impuestos que ocultó bienes a hacienda en los pasados ejercicios, iría a declararlos sin una amnistía? Además, los activos permanecerían identificados, serían hechos imponibles en las próximas declaraciones. Si a esto añadimos que los estafadores quedan, de una forma u otra, con un asterisco de advertencia para las administraciones; una amnistía fiscal no parece inadecuada cada cierto número de años.

Pero, ¿no resulta injusto con el contribuyente medio que no falla a sus obligaciones tributarias? Todo parece indicar que sí. A pesar de que la recaudación aumente, la conciencia fiscal del pueblo se puede ver muy dañada, es decir, desincentivaría el cumplimiento tributario de muchos. Los honrados se cuestionarían si es más rentable pagar las posibles sanciones si se es cazado en lugar de declarar lo cierto. Como dato a nivel nacional, según el CIS, el 88% de los españoles considera que los impuestos no se cobran de una forma justa, un porcentaje mayor año tras año.

La amnistía fiscal de Montoro

La amnistía fiscal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, denominada oficialmente “Programa especial de regularización de activos ocultos” estuvo vigente seis meses desde el 4 de junio de 2012 hasta el 30 de noviembre de ese año. Según las estimaciones del Gobierno permitiría recaudar unos 2.500 millones de euros, es decir, aflorarían aproximadamente 25.000 millones de euros en activos no declarados —dinero en efectivo, inmuebles, bienes y derechos afectos a actividades económicas, depósitos en el extranjero…—. Se enmarcó dentro de las políticas para tratar de alcanzar el objetivo de déficit para España fijado por la Unión Europea.

El resultado no fue tan positivo, según datos oficiales el programa ha hecho aflorar unas rentas ocultas de 40.000 millones de euros, generando unos ingresos fiscales para el Estado de apenas 1.193 millones de euros —un 48% de lo previsto inicialmente—. En palabras del ministro Montoro en una comparecencia en el Congreso:

En este momento puedo decirles que, en términos de estimación, no de cifra definitiva, la cuantía es de al menos 40.000 millones de euros, lo aflorado.

Un total de 29.065 contribuyentes que han realizado 31.484 declaraciones de una cuantía media de 37.830 euros. El perfil fue una persona física con activos ocultos en el extranjero desde hace un buen número de años y un patrimonio no muy importante. Cabe mencionar que aquellos contribuyentes inmersos en procesos de investigación o sanción tributaria se quedaron al margen. Además muchos interesados se han visto frenados por la incertidumbre de la medida, incrementada, con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

La amnistía fiscal fue muy criticada desde la oposición que cuestionó su eficacia, el momento, la recaudación obtenida, e incluso, pidió la dimisión del ministro. El portavoz socialista, Pedro Saura, afirmó que en lugar de una tasa del 10% lo realmente recaudado fue el 3% del total. Según el propio Saura en la comisión:

No se tributa por el 10 por ciento del patrimonio aflorado, sino por el 10 por ciento de los rendimientos generado. El 10 por ciento, que ya era un regalo, es en realidad un 3 por ciento.

Todo ello tras hacerse público que el ex tesorero del PP e imputado, Luis Bárcenas, regularizó gracias a esta medida una parte de los 22 millones de euros que tenía depositados en Suiza.

No obstante, no se trata de la primera medida de este tipo que se lleva a cabo en nuestro país, ha habido medidas similares con gobiernos socialistas en 1984 y 1991. Las últimas aprobadas en Europa fueron las de Reino Unido e Italia, la italiana de 2001 alcanzó una recaudación de aproximadamente 5.000 millones de euros.

¿Crees que es peor el remedio (la amnistía fiscal) que la enfermedad (el fraude fiscal)?