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Anticipo del IVA, soluciones a uno de los grandes enemigos de Pymes y Autónomos

Jose Luis Villar Fornos

En artículos anteriores hemos visto cómo la morosidad era el gran cáncer para la subsistencia de Pymes y autónomos. En efecto la morosidad no es un tema colateral sino que se ha convertido en un problema trascendental y social. Según señalan los analistas, desde que comenzó la crisis, de las 500.000 Pymes y autónomos que han desaparecido, más de un tercio ha sido debido a la morosidad.

Pero íntimamente ligada con ella, nos encontramos con otro problema que está materialmente ahogando a las microempresas como es el sistema tributario actual en el devengo del IVA. En efecto, además de tener que soportar desde el 1 de septiembre el aumento de dicho impuesto pasando del 18% al 21% que ha hecho que, además de reducir su posible margen de beneficio, hayan estado pagando más por los servicios a sus proveedores, todavía se mantiene el sistema tributario basado en el criterio de devengo, o lo que es lo mismo, los empresarios tienen que liquidar trimestralmente el IVA de sus facturas, independientemente de que estas hayan sido cobradas o no. Lo que conlleva tres consecuencias importantes:

Y si bien la supresión de este criterio, llamado comunmente “adelanto de IVA”, fue una de las grandes promesas del Gobierno en su programa electoral, todavía no se ha abordado alegando el Ministerio de Hacienda dificultades técnicas.

Podemos asegurar que el tema no es baladí, hay que tener en cuenta que, según analistas y fuentes oficiales, cada año Pymes y autónomos anticipan ochocientos millones de euros en concepto de IVA no cobrado realmente. A eso hay que añadir como las propias Administraciones Públicas deben actualmente, según datos aportados por la ATA, cinco mil quinientos millones de Euros correspondientes a varios ejercicios a Pymes y autónomos por facturas impagadas y que en la mayoría de los casos también devengan IVA.

Es decir, muchas empresas españolas no sólo están pagando por trabajar, sino que además financian gratis al Estado, y en unas cantidades realmente considerables.

Ante la ausencia de soluciones han sido las organizaciones privadas quien han tomado cartas en el asunto. De este modo, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) se ha reunido ésta semana con el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y su equipo. Reunión que, como ya señalamos en artículos anteriores, estaba programada desde hace unos meses.

Entre sus peticiones, además de las fundamentales como la aplicación extricta de la ley de morosidad de 2010, la transposición, en el menor plazo posible, de las directivas europeas sobre la materia o establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre empresas con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 Euros en caso de incumplimiento de la ley, la Plataforma ha trasladado al Gobierno, la que puede ser una solución factible y rápida al problema: sustituir el criterio de devengo actual por el criterio de caja recurriendo a soluciones ya utilizadas por la Agencia Tributaria (como aplicar el principio de inversión del sujeto pasivo tal y como ha tenido lugar recientemente con la Ley 7/2012 de lucha contra el fraude) y así permitir eludir los problemas técnicos que retrasan la implantación.

Pero cabe preguntarse ¿cuales serían los principios y las consecuencias de esta propuesta?

Brevemente y como más importantes podemos señalar las siguientes:

Es evidente que todas estas propuestas sacarían a nuestra empresas y autónomos de la grave situación actual dotándolas de mayor liquidez. Pero, como siempre, flotan varias interrogantes en la materia.

¿Estará dispuesto el Estado, en la situación actual, a perder unos ingresos superiores a los ochocientos millones de Euros? ¿Que es más importante, la recaudación de dicho importe o el saneamiento del 99% del tejido empresarial español?

Vosotros teneis la última palabra