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Registro de inquilinos morosos, ¿persecución o garantía?

Jose Luis Villar Fornos

¿Cuántas veces hemos oído todos la siguiente frase? : “Tengo un piso vacío desde hace años, no me fío de alquilarlo por que los derechos son siempre del inquilino, si no pagan solo te queda rezar para que lo hagan” o también “si no te pagan que haces, ¿esperar dos años para que desaloje y rezar para no encontrarte el piso sin muchos destrozos?”. Tanto en la calle como en los medios de comunicación era reiterado el comentario.

Pero también hemos escuchado multitud de veces la frase contraria : “Yo alquilaría una vivienda, pero lo que no puede ser es que me pidan “el oro y el moro” por un piso interior y de cuarenta metros cuadrados”

Este modo de proceder ha producido durante años una fuerte restricción en el parque inmobiliario en alquiler que, con la ley de oferta y demanda, hubiera facilitado el acceso a una vivienda a jóvenes y familias con pocos recursos en lugar de lanzarse, en muchos casos inconscientemente o influenciados por las propias entidades bancarias, a una hipoteca abusiva. Así como reducir la tan manida especulación inmobiliaria y el aumento, hasta un límite excedido en muchos casos, del riesgo bancario hipotecario que ha producido, en gran medida, la crisis financiera actual.

En efecto, en España muchos propietarios no quieren alquilar sus viviendas por miedo a tropezar con inquilinos morosos y enzarzarse en un largo proceso judicial, independientemente que hoy en día, identificar si un futuro inquilino es moroso no es tarea fácil, por ello los arrendadores se blindan pidiendo fianzas excesivas, depósitos e, incluso, avales bancarios, con la dificultad que ello supone para el arrendatario.

Éste es uno de los grandes problemas en que se encuentra el mercado de alquiler en nuestro país y, aunque el parque de viviendas en esta situación ha pasado del 9% al 20% en los últimos diez años, aún se encuentra muy por debajo de la media europea.

Para solucionar el problema, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Fomento, aprobó el proyecto de Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, cuyo objetivo principal es, según el propio gobierno, “dar garantías” a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado.

Independientemente de otras novedades recogidas en la Ley ( por ejemplo, los plazos y condiciones del preaviso del propietario al inquilino en caso de necesitar la vivienda para uso propio o para el caso de compraventa – dos mes y un mes respectivamente -, la posibilidad de pacto en cuanto a la revisión anual de la renta distinto a los índices de inflacción, mayores facilidades al inquilino para realizar reformas en la vivienda en determinados casos como la minusvalía, etc.), los dos aspectos que seguro van a dar más que hablar son la reforma del desahucio exprés y, fundamentalmente, la creación de un fichero de inquilinos morosos.

Dejando a un lado el tema del desahucio exprés para un próximo artículo, por la complejidad y transcendencia que tiene, vamos a centrarnos en la principal novedad como es la creación de un Registro de Sentencias Firmes de Impagos de Rentas de Alquiler cuyo objetivo principal, según la propia Ley, es de

“prevención y control”, para incrementar la seguridad del arrendador que se ha visto obligado a acudir a la Justicia y al que se le ha dado la razón, para evitar que quienes ponen inmuebles en el mercado contraten con quienes han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral

Pero ¿En que va a consistir dicho Registro? ¿Que problemas y suspicacias puede plantear?

Dentro del primer apartado, podemos señalar los siguientes aspectos:

Dentro del segundo apartado podemos señalar los siguientes aspectos:

La existencia del Registro, ¿impedirá a las personas desahuciadas a volver a tener una casa al no existir un parque público de viviendas?

Vosotros, como siempre opinais