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Andalucía frena los desahucios: más protección para las personas sin recursos

Cristian Varela

Ante una escasa actividad del Ejecutivo en materia de protección de los afectados por los desahucios, Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, ha planteado una serie de medidas, para favorecer a los desahuciados, publicadas ayer y que tendrán su aprobación hoy, viernes. Ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el Decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”.

En este decreto ley se pretende “favorecer la integridad física y psíquica de las personas y sus familias” que están perjudicadas por los desahucios mientras ven que el parque de viviendas sigue vacío. Algo que apela la Junta de Andalucía como “el mayor exponente de incumplimiento de su finalidad social” ya que cree que la necesidad de una vivienda “ha pasado de un derecho constitucional a un bien consumo sujeto a las leyes del mercado”.

La Junta de Andalucía prevé que entorno a 200 familias serán las que se beneficiarán del decreto en cuestión ya que calcula que ese mismo número de familias son las que hasta hoy han demandado una protección contra los desahucios. La Junta lo califica de “declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social”.

De cara al usuario afectado por el posible impago de la vivienda, estas medidas presentan un claro halo de esperanza para poder afrontar su situación dentro de un panorama menos dramático. Es por eso que la Junta de Andalucía expone en su decreto ley que las personas físicas no podrán ser desahuciadas de su vivienda habitual, el periodo máximo que tendrán será de tres años; pasados tres años los usuarios serán susceptibles de ser desahuciados.

Si se trata de una persona jurídica (sociedades) este decreto ley se torna en su contra. Multas de hasta 9.000 euros para aquellas personas jurídicas que no alquilen su stock inmobiliario vacío; ya que alegan que en Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas vacías y se han producido (desde 2007) más de 85.000 desahucios. La Junta hace especial mención a aquellas entidades financieras con activos procedentes de la reestructuración bancaria.

La cantidad de desahucios que se han producido desde el inicio de la crisis es vertiginosa y no hace más que perjudicar una economía doméstica cada vez más lastrada por los datos negativos macroeconómicos. Estas medidas, llegan (además de tarde) por parte de una comunidad autónoma que difícilmente extrapolarán políticas sociales con el Ejecutivo. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha declarado que el decreto ley que aprobará hoy Andalucía es “positivo”; la portavoz del CGPJ cree que “los poderes públicos no pueden estar al margen de esta situación”.