José Ignacio Wert ha dado a conocer en el pasado Consejo de Ministros su anteproyecto de reforma sobre la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Establecer la transparencia en las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual como la SGAE, redefinir el concepto de “copia privada” y luchar contra la “piratería”; estos tres son los objetivos establecidos por el ministro Wert y que protagonizan la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
El fin principal del Ejecutivo es “estrangular económicamente” a las páginas web con contenidos que no posean derechos de autor a través de la presión hacia los anunciantes para que éstos retiren su publicidad de dichas páginas con contenidos ilegales. Si esta presión no hace efecto y la página web no retira sus contenidos ilegales, se irá directamente contra la página web estableciendo multas de entre los 30.000 y los 300.000 euros. Una vez establecida la nueva reforma, los damnificados por los derechos de autor podrán acudir por la vía civil a través de una demanda para proteger sus derechos de propiedad intelectual; siempre y cuando haya un uso “ilícito y lucrativo”.
¿Qué es el lucro?
Hace años atrás, hubo una controversia entorno la redefinición del concepto “lucro”. Mientras las leyes establecían que se vulneraban los derechos de autor si la piratería iba relacionada con el “lucro”, es decir, si la descarga estaba correlacionada con la venta o la obtención económica derivada de ese archivo sin derechos de autor; diversas organizaciones querían redefinir el concepto de “lucro” para que el damnificado también lo fuera el usuario. Se quería establecer como “lucro” el simple hecho de disfrutar del contenido ilegal. El objetivo de las organizaciones de gestión fracasaron.
El objetivo del Ejecutivo es ir contra aquellas páginas que alberguen o enlacen contenidos ilegales o sin derechos de autor y haya un “lucro”, quedando excluido el motor de búsqueda Google, pues también alberga contenidos ilegales pero no se considera que lo haga motu proprio o con fines comerciales.
Así mismo, se pretende establecer mayor transparencia a entidades que gestionan los derechos de autor que se traducirá en limitar las tarifas a los usuarios, garantizar la democracia interna de la entidad y simplificar los procedimientos de cara a los usuarios. Si estas obligaciones de las entidades de gestión de derechos de autor se ven vulneradas o incumplidas, las sanciones máximas que impondrá la Administración Pública a éstas serán de hasta el 2% de su recaudación anual. Además de ello, se eliminan las barreras para la creación de entidades de gestión con el objetivo de crear una competencia perfecta en ese mercado.
Se produce también una redefinición del concepto de “copia privada” con el objetivo de hacerlo más preciso. Será considerada como “copia legal si se hace de un soporte original o señal de televisión y que deberá ser borrada a los pocos días”. La evolución del concepto de “copia privada” no ha gustado a las entidades de gestión, alegan que esta nueva normativa “convertirá en ilícitos prácticamente todos los actos de copia privada” y han pedido la paralización de el anteproyecto de ley de la LPI al ministro de Cultura. Wert ha abierto la posibilidad de debate de la nueva reforma de la LPI ante las entidades de gestión, consejo fiscal, consejo de Estado, CCAA, internautas, etc. Finalmente, el proyecto final de la LPI se llevaría al Consejo de Ministros de aquí a dos o tres meses.
