La Administración Pública es un término utilizado para expresar varios ámbitos del sector público. La gestión de los servicios ofrecidos por nuestros impuestos recibe esta denominación. Algo parecido ocurre con el personal que da cobertura a la sanidad, a la educación, a la dotación de infraestructuras, etc.
¿Cómo se puede partir de este término para explicar cómo se desarrolla toda la gestión que tiene lugar a través de los organismos públicos? Para acotar el término sobre qué significa ‘Administración Pública’, debe hacerse una especial mención a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA).
Qué debemos considerar como Administraciones públicas (AA.PP)
Según indica el texto legal, tiene tal consideración la Administración General del Estado (AGE) las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración local y las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.
En términos de la jerarquía del poder ejecutivo, la gestión que se ejerce en relación con este término se lleva a cabo por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
De igual manera, si al emplear el término ‘Administración Pública’ aludiendo a los empleados que trabajan para el Estado, es necesario acudir al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). En su artículo 8, se señala que los empleados públicos se clasifican en:
– Funcionarios de carrera.
– Funcionarios interinos.
– Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
– Personal eventual.
– Funcionarios de carrera.
– Funcionarios interinos.
– Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
– Personal eventual.
Cuáles son los principales objetivos de la Administración Pública
El ente que sostenemos todos con nuestros impuestos es uno de los pilares fundamentales en la mayoría de los países desarrollados. La Administración Pública de España, por ejemplo, es una de las que más contribuyen al PIB en relación con el resto de los países OCDE.
El sistema de pensiones o la intervención del Estado en áreas tan destacadas como la salud o la educación es lo que ha llevado a este modelo de negocio a ser uno de los referentes en este sentido. Entre los objetivos fundamentales de la Administración Pública está el de dotar este tipo de servicios o la ejecución de las medidas aprobadas por el poder legislativo.
En los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo por digitalizar los servicios en las relaciones de los usuarios con la misma. La creación de portales web específicos se ha convertido en una de las prioridades para agilizar la tramitación de los expedientes.
La transparencia es una otra de las metas que se ha fijado la Administración Pública desde hace tiempo. La proliferación de casos de corrupción ha provocado que se hayan tomado medidas de distinta índole para dejar a un lado la pérdida de credibilidad en el sistema.
La Ley de 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es el mejor ejemplo de ello. La utilización de los recursos públicos, gracias a nuevos sistemas más seguros de contratación y gestión, tiene ahora un control más exhaustivo.
