Acerca de las causas del déficit de tarifa eléctrico

Acerca de las causas del déficit de tarifa eléctrico

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“El Gobierno aprueba un Proyecto de Ley para detener la generación de déficit de tarifa eléctrico”. Con este título que denota tan buenas intenciones comienza la nota de prensa remitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para explicar las medidas que tiene previsto tomar para la reducción y eliminación del déficit tarifario. Pero ¿qué es eso del déficit tarifario? ¿De dónde viene? ¿Por qué se genera? Trataremos, conscientes de lo complejo del objetivo, de dar respuesta a estas preguntas en esta entrada.

Sin dinero para pagar el déficit tarifario

Hoy trataremos de aclarar qué es el déficit tarifario porque el nombre puede dar lugar a confusión. Y empezaremos diciendo lo que no es: no es un déficit público, no es algo que tenga que pagar el Estado –en principio– ni los consumidores –que son los que financian al Estado vía impuestos– sino que es lo que le ha faltado a los ingresos regulados para cubrir los costes de las actividades reguladas por la falta de previsión del regulador, del gobierno, a la hora de estimar la evolución del precio de la electricidad, los costes del sistema o ambas magnitudes, a efectos de calcular la tarifa eléctrica –lo que pagamos por la electricidad–.

Antes de continuar, conviene aclarar que la frase anterior tenía validez antes de 2009, fecha de entrada en vigor de la tarifa de último recurso (TUR), que se aplica a una parte importante de los consumidores domésticos –que prefieren la estabilidad de una tarifa regulada a complicarse la vida en el mercado libre de la comercialización de la electricidad buscando entre las numerosas ofertas que hay en dicho mercado–. Hoy en día, lo que se calcula son los peajes de acceso a las diferentes tarifas y la propia TUR, estando la tarifa eléctrica propiamente dicha liberalizada. Para evitar que esta tarifa se convierta en una carga demasiado gravosa para las cuentas del sector, parece ser que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está pensando en endurecer –o incluso eliminar— el acceso a la TUR.

El sector eléctrico tiene muchas particularidades y una de ellas es el hecho de que el transporte y la distribución de electricidad –las líneas de alta, media y baja tensión que vemos cruzando montes y valles, y bordeando carreteras, caminos y ferrocarriles– sean más eficientes desde un punto de vista económico si se organizan como un monopolio –es lo que la teoría económica denomina monopolio natural por oposición al monopolio legal, que procede de una decisión gubernamental–. Esas actividades monopolísticas –el transporte y la distribución– precisan estar reguladas para evitar prácticas abusivas derivadas de su condición de monopolio. También permanece regulada en nuestro país, como hemos dicho, la TUR, con el fin de proteger a los pequeños consumidores de electricidad de los cambios en el precio de la misma.

En consecuencia, cuando hablamos del sector eléctrico tenemos que tener en cuenta que la electricidad se genera y se vende en el mercado mayorista liberalizado –evidentemente, el poder construir y operar un parque eólico, una central hidroeléctrica o una central de ciclo combinado requiere de los correspondientes permisos y garantías–, se transporta y se distribuye de forma regulada y se comercializa de forma nuevamente libre.

Ahora pensemos en la factura que recibimos de nuestro comercializador. Una parte de la misma, el consumo, es usada por el comercializador para pagar la energía comprada al generador en el mercado mayorista –si no somos consumidores de último recurso–. Otra parte se la queda como margen por su intermediación. Pero otra parte –la regulada, más o menos la mitad de la factura– la ingresa en una cuenta desde la que después se hacen los correspondientes pagos destinados a remunerar las actividades de transporte y distribución de la energía eléctrica, así como la gestión comercial de los consumidores en TUR y la propia TUR.

Pero hay que pagar algunas cosas más…

Todo esto no funciona por sí solo y el sistema necesita un operador, el operador del sistema, que se encargue de mantener permanentemente el necesario y complejo equilibrio entre generación y consumo de electricidad. Equilibrio que se ve afectado tanto por circunstancias conocidas de antemano –tareas de mantenimiento en la red o en las centrales de generación, reparación de lineas…– como por otras difícilmente previsibles –régimen de vientos, régimen de pluviosidad, averías, consumos extraordinarios…–.

Además, el mercado también precisa de su propio operador, el operador del mercado. Pensemos en que tenemos electricidad las 24 horas de los 365 días del año, por lo que el mercado tiene que dar servicio a esas 8.760 horas anuales. Esto se logra mediante un mercado diario en el que se negocia la electricidad a vender en cada una de las horas del día siguiente. También hay mercados intradiarios en los que los agentes pueden “afinar” sus posiciones y donde interviene el operador del sistema aplicando las restricciones técnicas que considere necesarias. A su vez, existe un mercado a plazo donde los generadores pueden vender electricidad con varios meses de antelación.

Pero no acaba aquí la cosa. El regulador del sector eléctrico también tiene que aplicar los compromisos medioambientales contraídos por nuestro país, velar por la seguridad de las centrales nucleares y de sus residuos, atender los pagos por la moratoria nuclear, promover un consumo racional y eficiente de la energía, apoyar el desarrollo eléctrico de zonas de características especiales –como las zonas rurales o insulares, por ejemplo– y asegurarse de que en el futuro la demanda eléctrica podrá seguir siendo atendida. Todo esto suma, y mucho, a la factura eléctrica.

Hablando de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, cabe destacar que, según cuenta Cinco Días, recientemente el Gobierno ha decidido dejar de financiar con los presupuestos del Estado el coste extra de esos sistemas –unos 2.000 millones de euros anuales– y sumarlos a los costes del sector eléctrico. Otro más…

Y, por desgracia, también hay que sumar a dichos costes los intereses producidos por la financiación de todos los déficits tarifarios anuales que ha habido desde el 2000 hasta nuestros días –un acumulado de 25.000 millones de euros–. Las grandes compañías eléctricas han sido obligadas por ley a financiar dichos déficits –a poner el dinero para que el sector siga funcionando, vamos– y desde 2011 están vendiendo esos créditos a un fondo de titulización, FADE, que los está sacando al mercado en forma de bonos de renta fija.

También suma mucho la prima al régimen especial de generación –lo que recibían las energías renovables y la cogeneración por generar energía eléctrica–, que está suspendida para nuevas instalaciones. Y la prima al carbón de procedencia nacional –tampoco es aplicable hoy por hoy–. Y el sistema de interrumpibilidad –que parece que sigue existiendo–. Y la CNE que parece que está en la lista de comisiones nacionales por desaparecer –desde mi punto de vista creo que la complejidad del sector eléctrico merece sobradamente un órgano especializado como es la CNE, pero me da que no todo el mundo en las altas instancias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo piensa lo mismo–.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria

Pues todos estos costes, y otros menores que me dejo, son los que tienen que cubrirse con la parte regulada de la factura eléctrica. ¿Cuál es el problema? Pues que los gobiernos de turno, los reguladores, tienen fortísimos incentivos para no subir esa parte regulada –incluso cuando el precio de toda la electricidad que se consumía estaba regulado, antes de 2009–: competitividad de las empresas, bienestar de las familias, control de la inflación, etc. Y eso han hecho: la parte regulada se ha retrasado tanto con respecto a la realidad en los últimos diez años que hoy tenemos que soportar subidas fortísimas en la misma para poder ir pagando aquel déficit tarifario acumulado.

Pero aún sigue siendo poco rentable, desde un punto de vista político, para el regulador subir directamente la parte regulada. Así aparece este nuevo impuesto “sobre el valor de la producción de la energía eléctrica“. ¿Que quién lo va a pagar? ¿Acaso lo dudan? Parece tan evidente que dicho impuesto va a aumentar el precio mayorista de la electricidad en la misma medida… Pero con este impuesto, el Gobierno puede decir que él no ha elevado los peajes ni la TUR –ésta, habrá que esperar a ver qué se hace con ella–, que el precio de la electricidad sube porque lo dice el mercado y si lo dice el mercado habrá que hacerle caso. En fin, tómenselo con calma y prepárense para una subida en lo que pagamos por la luz. Pero tengan siempre presente que en media gastamos mucho menos en electricidad que en móvil, internet, gasolina… Lo digo por si ayuda a suavizar el mal trago.

Archivado en Déficit Tarifario, Sector Eléctrico
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Comentarios (9)

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  • Eso pasa por intervenir el mercado electrico desde casi sus comienzos. Poco a poco se ha ido liberalizando, pero queda aún mucho por hacer y los costes de no haberlo hecho, nos persiguen y perseguirán más tiempo.

    Nuestro mercado energético es desastroso se mire por donde se mire. ¡Gracias al Estado!. Como por lo general suele ocurrir en todos aquellos en los cuales mete sus manos.

    ¡Genial artículo! Muy explicativo.

    • Paulino Martínez Fernández dice:

      Gracias por tus opiniones.

      Estoy de acuerdo en que la regulación del mercado eléctrico español es muy mejorable pero también es cierto no habría déficit tarifario si los incrementos en el coste de generación de electricidad se hubiesen trasladado a la tarifa (asumiendo en este caso las consecuencias de una mayor inflación, una pérdida de competitividad de nuestras empresas y de bienestar de las familias…) en vez de, por ejemplo, promulgar normas que limitaron en su momento el incremento de la tarifa (véase el artículo 8 -derogado en 2006- del Real Decreto 1432/2002, que limitaba el incremento anual de la tarifa al 2%). Quiero decir con esto que el déficit tarifario es, desde mi punto de vista, más consecuencia de decisiones políticas que de una mala regulación y mucho menos de una intervención excesiva del Estado.

      • No puedes decir que “, más consecuencia de decisiones políticas que de una mala regulación y mucho menos de una intervención excesiva del Estado.”, cuando eso es precisamente una intervención clara del Estado. Los gobiernos actuan a corto plazo y con mirada política, es inevitable.

  • Paulino Martínez Fernández dice:

    Creo que podemos estar de acuerdo en que cualquier actuación del Estado que afecte a la economía es una intervención. Adjetivarla como clara me parece sobrante, casi un epíteto, pero también estoy de acuerdo: en el sector eléctrico hay una intervención clara del Estado. El adjetivo que yo uso en mi comentario anterior es “excesiva”, en el sentido de más allá de lo razonable. No creo que la intervención del Estado en el sector eléctrico sea excesiva y, además, estoy convencido de que es razonable aunque, como también dije, mejorable.

    Lo que trato de argumentar en mi respuesta es que si la tarifa eléctrica hubiese subido al ritmo que tenía que haber subido en los últimos 12 años, no tendríamos un déficit tarifario como el actual. ¿Y quién fija la tarifa eléctrica? Según la redacción actual del artículo 17 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico el responsable es “el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”. Desde mi punto de vista, es innegable han sido decisiones políticas “paternalistas” de contención de la tarifa las que nos han metido en este fregado del que nos va a costar salir.

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