En estos días vemos reflejadas en las portadas de diferentes medios de comunicación, las quejas de gran parte del personal de la sanidad pública y de sus usuarios, ante las medidas que algunas comunidades autónomas pretenden tomar para privatizar la gestión de los centros públicos de salud. Diferentes manifestaciones se han producido en Madrid a lo largo de esta última jornada, ante la llegada de una oleada de privatizaciones de los servicios públicos de salud.
Pues bien, ha sido en Cataluña donde se ha conocido que el Grupo Eulen– presidido por David Álvarez- va a gestionar estos ocho centros públicos de salud. Concretamente en nueve municipios de la provincia de Girona. La adjudicación ha sido por 2,4 millones de euros anuales durante los próximos diez años. En la última década, la gestión de estos centros había recaído en la Fundación Salut Empordá- entidad sin ánimo de lucro- que en este último concurso presentó una oferta 8.000 euros superior a la de Eulen. Sin embargo para la Generalitat ha pesado más la eficiencia económica que otro tipo de criterios como podría ser la calidad del servicio. La polémica ya está servida porque el ICS -Instituto Catalán de Salud- ha anunciado en este 2012 que se crearán dos empresas filiales que gestionarán unos 2.727 millones de euros en el ámbito de la salud pública, dentro de un plan donde se pretenden crear un total de 22 empresas en cinco años. Grupos parlamentarios como ERC, ya han manifestado su malestar y han dicho que este proceso es “el primer paso para la privatización de la salud pública”.
Desde luego algo está cambiando en estos tiempos de crisis, pero debemos ser prudentes ante este tipo de concesiones de la administración pública. No cabe ninguna duda de que lo primordial en estos casos es la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Hay que valorar objetivamente, lo bueno y lo malo que podría representar que una empresa privada sea la que administre la salud de la gente. Evidentemente esta empresa busca el beneficio económico, pero esperemos que no se produzca un conflicto de intereses con el deber de prestar el servicio de salud pública universal y gratuita, al que tienen derecho todos los españoles.
