”La avidez legislativa de las comunidades autónomas ha provocado, en algunos casos, que una empresa tenga que fabricar 17 modelos diferentes de un producto para ajustarse a la normativa regional” Así se expresaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para presentar el fundamento de dicho Anteproyecto de Ley.
En efecto, hay que pensar que en España se han publicado mas de 100.000 leyes estatales y autonómicas sobre la materia desde 1.978, es decir, en nuestro país se generan mas de 3.000 leyes, órdenes y decretos al año así como 700.000 páginas de los BOE central y autonómicos lo que entorpece el mercado y resta competitividad, dado que esta sobreabundancia normativa supone un claro desincentivo a la inversión extranjera, aumenta la inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala. Hasta el punto que el Consejo Europeo, en sus Recomendaciones a España en el Procedimiento del Semestre Europeo establecía la necesidad de ”eliminar los múltiples obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno”
Esta Ley cuando esté aprobada definitivamente, después de los preceptivos trámites parlamentarios y con el supuesto y no tan supuesto voto en contra de los partidos nacionalistas, permitirá a las empresas y autónomos operar en todo el país con una licencia única, de tal manera que un productor solo necesitará la licencia del territorio donde fabrique sus productos para poderlos vender en todo el país, evitando así que tenga que producir distintos modelos de cada producto para ajustarse a las diferentes normas comunitarias. O que un autónomo pueda operar en todo el país sin necesidad de pedir 17 licencias distintas.
Aún a pesar de que el anteproyecto todavía tiene que pasar el trámite parlamentario, y por lo tanto susceptible de pequeñas modificaciones, sí que podemos señalar los aspectos y principios fundamentales de la misma aunque sea brevemente y una última conclusión sobre su aprobación.
El Anteproyecto
La norma pretende, básicamente, garantizar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. Aunque no afectará a materia de impuestos, como pretendían los empresarios, ni al ámbito de los Colegios Profesionales si bien, en este caso, suponemos que se estará a la aprobación de la nueva ley de Servicios Profesionales.
Cuando la Ley esté aprobada bastará la autorización de una comunidad y el cumplimiento de los requisitos legales que ésta exija para vender el producto por todo el país. Respecto a la prestación de servicios, la licencia que obtiene un profesional en una comunidad le habilitará para trabajar en toda España.
Por otra parte, la Ley está basada en la confianza y el reconocimiento mutuo y en la responsabilidad de todas las Administraciones. Bajo el principio de cooperación administrativa establece una colaboración “ex ante” y “ex post” para el control y la supervisión, regulando mecanismos para la elaboración de proyectos normativos con objeto de preservar la coherencia de los mismos. Así por ejemplo, a partir de ahora las memorias de impacto normativo de leyes nuevas de todas las administraciones tendrán en consideración su impacto en la unidad de mercado.
Igualmente se establece un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado entre administraciones para el ejercicio de las funciones de supervisión. Así mismo, se establece la integración de una base de datos común de los diferentes registros sectoriales de las AA.PP.
Pero quizás,el apartado mas novedoso es la creación del Consejo de Unidad de Mercado (CUM) que estará presidido por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, contará con la participación de los consejeros del ramo de las CC.AA. así como de la Secretaría de Estado de Economía, la secretaria de Estado de AA.PP. y la subsecretaria de Presidencia.
Por este Consejo deberá pasar información sobre todos los proyectos de ley de las comunidades que afecten a la unidad de mercado. Igualmente las CC.AA. podrán solucionar sus diferencias en dicho consejo en el caso de que la normativa de una de ellas perjudique a la otra. Y será la secretaría del Consejo, que recae en la Secretaría de Estado de Economía, quien elaborará un informe semestral de análisis y evaluación de la situación regulatoria del mercado.
También, la norma prevé un mecanismo de solución de conflictos mediante la creación de “ventanillas únicas” para que las empresas o profesionales que se sientan perjudicados por una autonomía puedan presentar sus quejas. Aunque también lo pueden hacer ante la nueva Comisión Nacional del Mercado y Competencia (CNMC). Será esta quien deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, interpondrá recurso ante la autoridad judicial, lo que podría significar la suspensión automática del acto recurrido. Lo que supone una solución ágil y, sobretodo, económica para los empresarios en la resolución de los conflictos.
Conclusiones
El anteproyecto de Ley responde al principio de sentido común. No tiene sentido que mientra en Europa se hayan eliminado las fronteras a la hora de regular el tráfico de personas y mercancías en España puede llevarte años conseguir las 17 licencias para poder vender un producto o expandir un negocio por todo el territorio nacional. Tampoco tiene sentido que las compañías instaladas en nuestro país destinen hasta un 2% de su masa laboral a dialogar con las distintas AA.PP. o que para una empresa andaluza, por ejemplo, le sea mas fácil vender su producto en Holanda que en Valencia o Cataluña.
Por otra parte, está el impacto económico del sistema declarado por el gobierno. Así el departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía estima que la aprobación de la Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52% en diez años. El aumento será aproximadamente del 0,15% anual los primeros diez años, es decir, en torno a 1.500 millones de euros cada año. Aunque, no ofrece la argumentación económica en que se basa para aportar dichos datos.
De todo lo expuesto, podemos plantearnos una interrogante dado que si tan beneficiosa es para las empresas, autónomos y la economía en general:
¿Porqué esperar un mínimo de cinco meses para la aprobación de la Ley? ¿No sería conveniente tramitarla por vía de urgencia?
A vuestra opinión lo dejo
