Que las comunidades autónomas están faltas de liquidez no es un hecho nuevo. Tan cierto como que papi Estado también está en esa situación. Y ello supone una cadena que al final concluye en la pequeña y mediana empresa o en los propios autónomos. Muchas empresas se han quedado al borde de la quiebra y con el difícil dilema de “o no le trabajo a la Administración –ya que no me paga—o cierro”. Esta situación se agrava en organizaciones en las que el principal cliente son dichas Administraciones.
Esta disposición es especialmente delicada si nos centramos en servicios sociales, asistenciales o farmacéuticos por poner unos ejemplos.
El sector farmacéutico de comunidades autónomas como Valencia, Murcia o Canarias esta pendiente de cobrar facturas que acumulan millones de euros. En Canarias, por ejemplo, la factura asciende a más de 80 millones de euros. Pero la realidad es que los boticarios deben seguir respondiendo ante sus proveedores y seguir pagando las nóminas de los trabajadores, aun cuando reciben aproximadamente el 80 por ciento de sus ingresos de las comunidades autónomas.
En cuanto al sector de personas dependientes, Cataluña se suma a los impagos anteriormente anunciados por Castilla La Mancha y Valencia en una lista a la que, podría sumarse también Andalucía. Esta situación podría dejar desamparadas a más de 800.000 personas en situación de dependencia en toda España y pone en peligro más de 300.000 empleos.
Los autónomos no lo tienen mucho mejor
En un régimen más general podemos aportar una clasificación de las Administraciones Públicas con mayores deudas con los autónomos. A la cabeza se situaría Cataluña con 807 millones de euros impagados, le siguen Andalucía (692 millones de euros), Comunidad Valenciana (677 millones de euros), Madrid (503 millones de euros), Castilla-La Mancha (326 millones de euros), Castilla y León (287 millones de euros), y Murcia (253 millones de euros). En total las Administraciones Públicas acumulaban, hasta junio de este año, deudas con los trabajadores autónomos y pequeños empresarios por valor de 4.873 millones de euros.
Asfixiadas por las deudas, muchas de estas empresas tienen que recurrir a fórmulas imaginativas y a la negociación con las entidades bancarias para poder obtener liquidez, pero la falta de crédito y el pequeño tamaño de algunas de estas (hablamos de incluso empresas de carácter familiar) les hace muy complicado superar la criba de exigencias para llegar a la financiación.
Si las Administraciones del Estado son las que deberían dar ejemplo, ¿os extraña que el sector privado se suba al carro de los impagos?
Un auténtico círculo vicioso…