La Ley de Transparencia surgió en marzo del año pasado, a raíz de los escándalos que lastraban al Ejecutivo en materia de corrupción. En un intento de recuperar la confianza con la ciudadanía y el respeto de ésta por la clase política, el Gobierno ha hecho gala de su promesa electoral en un momento crítico para la percepción ciudadana en cuanto a la política y los políticos que la conforman.
Según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el cual se encarga de medir la opinión general sobre diversos temas a la ciudadanía, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles, después del paro. Un dato demoledor que hace replantear el modelo político y proponer soluciones a la desafección ciudadana para poder asentar las bases de un estado democrático.
Es por eso, que después de multitud de casos de corrupción, surgió la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Actualmente, el proyecto de ley, se encuentra a debate en el Congreso y recogerá a todos los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Algo que a pesar de ser efectivo, no termina de ser eficiente. Son muchas las asociaciones y muchos los críticos que han puesto en duda la Ley de Transparencia por considerarla insuficiente. El Gobierno, en cambio, cree esta ley “pondrá coto a la corrupción”.
¿En qué consistirá la Ley de Transparencia?
Según la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, la ley “contribuirá a salir de la crisis y a crear empleo” y prosigue que los objetivos del Gobierno se basan en que “pretendemos restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la calidad de la democracia.”
Esta medida serviría para dar al ciudadano un fácil acceso a la información respecto las instituciones que le representan y a la vez como barrera a la polémica corrupción. Y es algo necesario, puesto que España continúa siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia. Según Global Right to Information Rating en todo el mundo ya son más de 90 los países que disponen de ley de transparencia.
Esta ley supone unas obligaciones a los miembros del Gobierno, Administración General del Estado y entidades del sector público. Se revelará en qué se gastan el dinero público y los ciudadanos podrán consultarlo. El objetivo es darle menos opacidad a la Administración y sancionar a los cargos públicos que no den información o que la oculten. Si las infracciones que se cometen se consideran como “graves” el político será inhabilitado de la política en un periodo de entre cinco y diez años.
La Casa Real y la Iglesia, también incluidos
Pero los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales no son los únicos que participarán activamente en la ley de transparencia. La caza que protagonizó el Rey en Botsuana o la imputación del yerno del Rey en el ‘Caso Noos’ no hicieron mejorar la imagen de la Casa Real. Según el CIS, la percepción que se tiene de la Monarquía es de 3,68; la nota más baja de su historia.
Por ello, desde la Casa Real se han planteado una mejora de su imagen, a través del ejemplo para y con la ciudadanía con la propuesta de ésta de entrar en la Ley de Transparencia. Desde 2011, la Casa del Rey publica sus cuentas anuales, pero de una forma muy escueta y a través de un desglose de tan solo 3 folios. Lo que se ha hecho público desde 2011 es tan solo las asignaciones que recibe del Estado, pero no la ejecución del presupuesto total. La monarquía británica con un presupuesto más elevado pero más específico, por ejemplo, cuenta con un desglose detallado de 150 folios y detallan hasta el gasto en bebidas alcohólicas. Con esta nueva ley, la Casa Real deberá detallar de un modo más minucioso cada euro gastado. El año pasado, la asignación del Gobierno a la Casa Real fue de 7,9 millones de euros, un 4% menos que el año pasado.
La Iglesia ha sido otro ‘polémico’ protagonista de la Ley de Transparencia, junto a la Casa Real. Dicha institución social no paga IBI y recibió el año pasado del Estado 159 millones de euros de asignación, lo mismo que en 2011 y en 2010; es decir, no padeció ‘recortes’. A pesar de la crispación que estos hechos han generado a la ciudadanía, la situación de crisis y de exclusión social ha hecho a la Iglesia cobrar un protagonismo de protección al ciudadano. Aún así, la Iglesia también se sumará a la Ley de Transparencia que plantea el Gobierno, que según Sáenz de Santamaría “incorpora aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público”.
En definitiva, una medida que incluirá a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, la controvertida Casa Real y la Iglesia. Los ciudadanos por fin podremos saber, de una manera detallada, en qué se emplea nuestro dinero público.
¿Y vosotros, la consideráis suficiente?
