Economía sumergida, ¿se puede luchar contra ella?

Tal como se pudo ver en el anterior artículo, existen algunas actividades más propensas que otras (por su naturaleza) en su contribución al aumento de la economía sumergida (sobre todo en el sector servicios).

Según un informe elaborado por Eurofound, durante 2012 se alcanzó en España un nivel de economía sumergida del 19,2% del PIB, que si bien está cerca de la media europea (18,4%), se aleja bastante de las primeras economías de la UE, como son Reino Unido (10,1%) o Alemania (13,3%)

Para intentar paliar todos estos efectos, el pasado mes de octubre el Gobierno impulsó la Ley 7/2012. En ella se incluyeron una serie de medidas encaminadas a luchar contra el fraude fiscal, como pueden ser:

Limitación a los pagos en efectivo correspondientes a operaciones a partir de 2.500 euros

Esta limitación tendrá lugar cuando, al menos, una de las partes actúe en calidad de empresario o profesional, así como a los pagos o ingresos realizados en entidades de crédito. Con esta medida se intenta poner freno al típico “¿Con factura o sin factura?”. Asimismo, también se prohíbe el fraccionamiento de operaciones a efectos de eludir dicho límite.

No cumplir con estos requisitos podría suponer una sanción por importe del 25% del pago realizado en efectivo.

Amnistía fiscal

Con esta medida se pretendía que los contribuyentes que tuvieran capitales ocultos (dinero negro) los afloraran, pagando una tasa impositiva fija del 10% de los bienes y derechos que se regularizaban.

El plazo para el afloramiento de este dinero negro expiró el pasado 30 de septiembre, aunque “sólo” ha recaudado unos 1.200 millones de euros, la mitad de lo que esperaba el Gobierno.

Información del patrimonio en el extranjero

Todas aquellas personas con residencia en España y patrimonio en el extranjero por importe superior a 50.000 euros, han debido antes del 30 de abril de este año presentar en Hacienda una declaración con información sobre este patrimonio. En caso de que no se haya comunicado, se podrá considerar una ganancia patrimonial no justificada, con las sanciones que ello conlleva (52% del valor de lo no declarado y una multa de 5.000 euros por cada bien no declarado).

Por otra parte, el Gobierno ha identificado en España unas 200.000 viviendas no declaradas que se alquilan, sobre todo, a turistas a precios inferiores a los del mercado. Debido a ello, la nueva Ley 4/2013, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler, regula este tipo de viviendas de uso turístico por parte de particulares, prohibiendo su alquiler por temporadas inferiores al mes, pasando a regularse su uso por las normativas turísticas de cada Comunidad Autónoma.

Una de las medidas que ha propuesto el Grupo Socialista al Gobierno ha sido la supresión de la circulación de los billetes de 500 euros, medida que al ministro de Economía, Luís de Guindos, le parece razonable. Hay que recordar que gran parte de estos billetes se encuentran en España, y que con esta medida, de alguna forma, se quiere impulsar el comercio con tarjeta en vez de en efectivo. Pero la cuestión es si ésta sería una medida eficaz contra el fraude.

Mercado Laboral

Está claro que la economía sumergida ha existido siempre, lo que ocurre es que en situaciones económicas como la actual se hace patente que los ingresos que deja de percibir el Estado en concepto de impuestos y cotizaciones sociales son lo suficientemente importantes como para intentar atajar el problema.

Como decíamos en nuestra anterior entrega, el trabajo irregular genera para el trabajador una serie de pérdida de derechos, como pueden ser en caso de defunción, accidente en el trabajo, despido o jubilación.

Para luchar contra este fraude en el ámbito laboral, a finales de abril la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, firmó un convenio de colaboración con el ministro de Interior, Jorge Fernández, mediante el cual se pretende luchar contra todo aquel comportamiento que atente contra los derechos de los trabajadores y que provoque perjuicio a las empresas que cumplen con la ley.

Por otra parte, durante el año pasado se multiplicaron por dos las inspecciones laborales, detectándose, según la ministra, un total de 1.559 empresas ficticias. También han aflorado 91.470 empleos en negro.

En definitiva, para luchar contra el fraude, tanto fiscal como laboral, se requiere un esfuerzo, tanto por parte de la administración como de los ciudadanos. De la primera para que ponga los medios necesarios, y de los segundos para que tengan la voluntad de no incurrir en “actividades irregulares”.

Pero ahora cabría hacerse las siguientes consideraciones:

– A una persona que da clases particulares porque se encuentra en situación de paro, ¿habría que exigirle que se diera de alta en la Seguridad Social? ¿No sería bueno incentivar a este tipo de personas con una exención impositiva, por ejemplo, hasta que su negocio no se relance y obtenga un mínimo de ingresos?

– Si te encuentras un trabajo pero no te contratan, ¿te arriesgarías a exigir un contrato aún sabiendo que te pueden despedir?

– Si te contratan a tiempo parcial pero desarrollas una jornada completa, pagándote el resto en negro, ¿pedirías que te cambiaran el tipo de contrato?

Sobre las dos últimas cuestiones hay muchos empresarios desaprensivos que se aprovechan de esta situación de crisis y alto desempleo para cometer ilegalidades.

Visto todo esto, ¿cuál es tu opinión al respecto?