La entrada en vigor, el pasado 1 de junio de 2013, de la obligatoriedad de contar con el certificado energético en todas aquellas viviendas que se quieran vender o alquilar, puede suponer echar el freno al aumento registrado en los últimos trimestres en el mercado del alquiler de vivienda. Inmobiliarias, constructoras y clientes, veían cada vez con mejores ojos la opción del alquiler como alternativa a la compraventa, tan arraigada en España como poco habitual en otros países de la Unión Europea, sin embargo este nuevo requisito puede provocar cambios en el mercado.
Las sanciones por incumplimiento pueden llegar a los 6.000 euros, con lo que aquellos propietarios que actualmente ofertan sus propiedades de forma particular o a través de agencias, deberán adquirir y presentar ante la administración autonómica el mencionado certificado energético, el cual califica las viviendas en función de su eficiencia energética, algo que hasta la fecha, todos teníamos en cuenta para adquirir, por ejemplo, electrodomésticos.
Son muchas las empresas y profesionales que han surgido ofreciendo sus servicios para llevar a cabo la tramitación y certificación energética. A fecha de hoy aún no hay una tarifa de precios definida, pudiendo oscilar entre los 180 y más de 400 euros, en función del profesional. A todo ello hay que añadir que la certificación tiene una validez de diez años, tras los que habría que volver a tramitarlo.
Ya son algunas agencias e inmobiliarias las que temen tener que asumir el coste de las certificaciones, a costa de sus comisiones, para poder seguir contando con las viviendas en cartera. Por otro lado, la obligatoriedad de tener que costear la obtención de la certificación puede acabar por provocar que estos pisos se saquen del mercado, alquilándose de manera directa entre particulares, sin pasar por caja. Otro de los protagonistas de esta situación son aquellas entidades bancarias y promotoras que cuentan con pisos en stock a los que hay que dar salida. Cambio legislativo que puede abrir una nueva oportunidad laboral para arquitectos e ingenieros que habían visto cortada su progresión en el sector de la construcción, pero que a su vez puede echar el freno al alquiler legal de viviendas.
