Las exigencias internacionales a España parecen ser contrarias a lo que los ciudadanos demandamos al gobierno. Aunque sobre la reforma laboral ya se ha dicho casi de todo, ahora la OCDE apuesta porque se culmine la norma con la solicitud del llamado Contrato Único, que no es otra cosa que poner a todos los trabajadores de cualquier sector las mismas condiciones, y que éstas sean las mínimas en cuanto a derechos laborales desde el inicio de la actividad.
El Contrato Único de trabajo
Instaurar en España el Contrato Único supondría que todos los privilegios de los que disponen los trabajadores por tiempo, por contratos colectivos o por determinado tipo de actividad o formación específica se vengan abajo. La idea es igualar a todos los trabajadores españoles por la base. Y precisamente eso no es igualdad, aunque sea la OCDE la que lo reclama.
Teniendo en cuenta que la reforma laboral en España solo ha logrado que aumenten los despidos colectivos por EREs, que el empleo siga como estaba, o que los salarios se reduzcan en un 10% de media para los actuales trabajadores en activo, no parece que continuar en la línea sea la mejor de las opciones.
Sin embargo, lo que se pretende desde hace tiempo, y el Contrato Único podría acabar por permitir es que el poco empleo que hay en España se reparta. Si los trabajadores temporales tienen los mismos derechos que los indefinidos (por habérselos eliminado a estos últimos), todos seremos iguales, y por lo tanto se dará la falsa sensación de que nuestras condiciones laborales mejorarán. Lo mismo ocurre con el empleo a media jornada o parcial, que es el único que por el momento aumenta en nuestro país.
El Contrato Único que propone la OCDE solo sirve para crear empleos precarios y para que en España perdamos aún más derechos. Y eso, a los ciudadanos no nos conviene. Los únicos que pueden beneficiarse de esto son los políticos, porque la cifra del paro bajaría, gracias a empleos que por duración, jornada o remuneración no dan ni para vivir.
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