La actual morosidad en España dificulta el avance empresarial. Y pese a que el gobierno apuesta a defender los buenos resultados que están otorgando sus políticas relacionadas con el plan de pago a proveedores que intentó sanear las deudas pendientes de las administraciones públicas, no parece que algunas de las medidas que se contemplan en el próximo anteproyecto de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial no han caído nada bien en el sector autónomos y pymes. Y no es para menos, ya que se modificarían los plazos máximos de pago.
Cabe señalar que la Ley de Morosidad se publicó en el BOE del 6 de julio de 2010, y en ella se modificaban aspectos contractuales, como la imposibilidad de negociar entre las partes los días de pago en el caso de proveedores, que debían recibir el importe total de la mercancía, como mucho, en 60 días desde la recepción. Sin embargo, en la práctica, se seguían utilizando fórmulas poco legales para saltársela. Prueba de ello es que son muchos los autónomos y pymes que reclaman mayor protección y la morosidad sigue al alza. Esa misma ley especificaba que los entes públicos debían pagar en un plazo máximo de 30 días.
Ahora, la polémica, y el cabreo de pymes y autónomos se produce por el anteproyecto de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial en la que se añaden dos puntos polémicos que podrían estar modificando todo lo dicho anteriormente. O al menos, en ciertos casos. De hecho, las dos últimas disposiciones hacen referencia a bastante en el caso:
Se podrán ampliar los plazos máximos de pago previstos en la Ley cuando el acreedor y deudor acuerden ceder el crédito o la deuda ante un tercero siempre que ello reporte para el acreedor el cobro dentro del plazo máximo legalmente establecido
Para los autónomos y las pymes esto supone generar incertidumbre en los plazos legales de pago para evitar la lacra de la morosidad. Y en caso de que se aumenten esos 60 días que se habían establecido, advierten que su situación empeorará aún más.
Imagen: Daquella manera
