La limitación del Gobierno para algunos de los beneficios fiscales del IRPF y del impuesto de sociedades para ayudar a costear la rebaja de impuestos a todos los contribuyentes, según la letra pequeña del anteproyecto de la reforma fiscal que ha elaborado el Ejecutivo. El conjunto de medidas costará unos 9.000 millones a las arcas públicas durante los dos años siguientes.
Se advirtió ayer de que el sistema tributario español mantiene muchas deducciones y eso, junto a la rebaja, pone en peligro la consolidación fiscal. El Ejecutivo ha programado un recorte de tributos para los dos próximos años pero la obligación de cumplir con el déficit ha frenado rebajas mayores, según reconoce.
Para evitar que caigan los ingresos compensará estas disminuciones con menos deducciones. Lo que ganan los trabajadores y empresas por un lado lo pierden por el otro lado.
La reforma limita la reducción por rendimientos del trabajo una ayuda para compensar a los trabajadores porque tienen menos deducciones que las empresas, reduce la desgravación por alquiler de vivienda, acota las ayudas fiscales a los planes de pensiones, suprime la deducción por los 1.500 euros de los dividendos y, sobre todo, limita la deducción general de las indemnizaciones por despido improcedente. En el impuesto de sociedades, simplifica las tablas de amortización y limita la deducción por bases imponibles negativas.
De esta forma, una parte de lo que las arcas públicas pierden por la bajada de tramos y tipos del IRPF y sociedades lo recupera al acotar estas ayudas fiscales. “Forma parte de un conjunto de piezas del IRPF que van encajando unas con otras”, tuvo que explicar el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.
Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, presentó ayer el texto del anteproyecto que contiene todos los detalles de la reforma. Durante dos semanas estará abierto a información pública para recibir enmiendas. Posteriormente se aprobará el proyecto definitivo y se iniciará la tramitación parlamentaria.
El plan del Gobierno ha sido menos ambicioso de lo que se esperaba y de lo que el propio Ejecutivo proclamó que iba a ser. Montoro explicó que la reforma es la que toca hacer en estos momentos. Sugirió que si España tuviera menos urgencia en cuadrar sus cuentas públicas la reforma hubiera sido más profunda y justifica así que no toque el IVA más allá de lo que le obliga la normativa europea.