Aunque el gobierno actual se había comprometido a que contratar fuese más sencillo e incluso se habría vislumbrado en algunas de las palabras de los dirigentes la intención más ansiada de los empresarios de reducir de algún modo las cotizaciones, el panorama pinta bastante peor de lo que está. Recordamos que a finales del 2013, el ejecutivo decidió que muchos conceptos que se quedaban fuera de la cotización social empezasen a ser objetos de cobro. La falta de aviso previo y el susto que se llevaron las empresas hizo que la medida tuviese que dar más tiempo de adaptación a éstas. Pero no parece que el efecto se vaya a revertir en el futuro más inmediato, sino que continuará en una línea aún más dura.
El último borrador del gobierno con respecto a este tema hace énfasis precisamente en el hecho de que se endurecen aún más los conceptos por los cuales habrá que abonar cotizaciones a la Seguridad Social y que según el documento incluirían también aquellos relacionados con las primas de antigüedad y la educación de los hijos de empleados de centros educativos.
Hasta ahora, con la ley más reciente en la mano, habrían pasado a cotizar como conceptos de retribución los que estaban antes exentos entendidos como retribuciones en especie todos aquellos bienes, derechos o servicios obtenidos gratis o a precios inferiores a los que ofrece el mercado. Pero de llevarse a cabo la nueva norma tal y como se recoge en dicho documento, nos encontraríamos que solo los gastos ocasionados por desplazamientos fuera de sede o en movilidad, las indemnizaciones básicas o gastos de estudio con límites y las horas extraordinarias se quedarían fuera del nuevo decreto.
Este nuevo cambio supone garantizar ingresos a las arcas de la Seguridad Social que se están vaciando en tiempo récord, pero también supone un nuevo y duro hachazo a las cuentas de las empresas e incidirá sobre la contratación y beneficios de sus empleados.
Imagen: xornalcerto
