En Madrid hay una pequeña gran revolución. De hecho, parece que se suman indignados que habitan pisos de protección social, porque los contratos que tenían, y que en principio eran intocables, se convierten ahora en una renovación con subidas importantes. ¿Se puede tocar el precio de los alquileres de pisos que dependen de entes públicos así sin más? Pues como siempre, la respuesta es ambigua, así como lo es la situación por la que están pasando todas las familias afectadas por fondos buitre que son propietarios de sus viviendas.
El origen de lo que ahora son consecuencias se remonta al año pasado, cuando la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, vendieron a estos fondos, en los que el magnate Goldman Sachs está metido, un total de 5000 viviendas. La mayoría de ellas eran las llamadas viviendas de protección social y estaban ocupadas con contratos de alquiler beneficiosos para sus inquilinos, que por norma general tienen rentas muy bajas o cuentan con algún tipo de problema que les hace estar dentro de los colectivos considerados en riesgo de exclusión social. En el contrato de venta firmado con estas empresas, se recogía que deberían mantener los contratos, sin subir el precio.
Pero todo aquello quedó en el papel. Día tras día llegan más cartas a esos inquilinos anunciando la renovación de sus contratos. Contratos que por supuesto vienen con incrementos de precio abusivos que para estas familias son imposibles de pagar.Muchos, ya han tirado la toalla, y se enfrentan ahora a órdenes de deshaucio. Otros, no se explican como los dirigentes que inauguraron muchas de esas viviendas, y todas esas promesas que hicieron, se han esfumado.
La situación no es fácil, pero al parecer, no hay nada ilegal en el hecho de que los fondos aumenten el precio del alquiler al renovarlo. O sea, la cláusula que les hicieron firmar los entes públicos madrileños era solo papel mojado.
Imagen:TechCrunch