No me gustaron demasiado las primeras medidas tomadas por este Gobierno en materia de electricidad. En especial la suspensión de la prima a las renovables por los efectos negativos que va a tener sobre el desarrollo industrial de nuestro país así como sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 20-20-20 de la Comisión Europea (con fecha 2020 Europa debe reducir un 20% su consumo de energía primaria, reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y conseguir que un 20% del consumo se haya generado con fuentes “limpias”; podéis consultar más información sobre este interesante tema en la página oficial de la Unión Europea).
Efectos negativos porque la inversión en desarrollo de energías renovables tiene (¿tenía?) en España uno de sus máximos exponentes. No voy a discutir que la prima tenía mucho que ver en este asunto, pero es que una de las funciones del Estado es promover las condiciones favorables para el progreso económico (no lo digo yo, lo dice el artículo 40.1 de nuestra Constitución) y creo que aspirar a ser la referencia global de una industria tan importante como la relacionada con las energías renovables es un objetivo que justifica suficientemente ese apoyo, porque es algo que se va a recuperar con creces y en muy poco tiempo. Pero ahora… ya veremos. Para saber más, recomendamos la lectura de esta entrevista del periódico ABC a la economista Natalia Fabra sobre el particular.
Por otra parte, la justificación de suspender la prima a las renovables hace que –evidentemente– éstas sean menos rentables y, por lo tanto, seguramente veremos cómo cambia el mix energético (la proporción de energía generada por cada fuente: nuclear, carbón, fuel, hidroeléctrica, eólica, ciclo combinado…) a favor de generadores menos “verdes” y que, en algunos casos, nos hacen dependientes de terceros países que nos suministran la materia prima. Si sois de los que lo “verde” no os preocupa, os diré que en este aspecto, lo “verde” tiene importantes consecuencias económicas: cuantos más gases de efecto invernadero expulsemos a la atmósfera, mayor número de derechos de emisión tendrán que poseer las empresas eléctricas; y para poseer una mayor número de derechos de emisión o bien venden menos (si es que les sobraban) o bien compran más. Una cosa sí es segura: ese mayor coste no se va a a quedar en sus cuentas de resultados.
Y que conste que soy de los que creen que el hecho de que suba el precio de la electricidad –por supuesto, no para financiar a las eléctricas su mayor coste en derechos de emisión– no estaría mal en un mercado como el español en el que los consumidores tenemos muy poca consciencia del verdadero precio de la electricidad tras más de una década en la que nuestros políticos han preferido, como en tantos otros sectores, “traer” dinero del futuro (el famoso –por la enormidad de su cifra– déficit tarifario) e impedir que el mercado eléctrico envíe las señales oportunas acerca del verdadero precio de la electricidad. Como vemos, la cosa viene de lejos…
Otra consecuencia de la suspensión de las primas muy relacionada con el déficit de tarifa es que, tal y como estaban diseñadas, era un freno al mismo en situaciones en las que el precio de la electricidad sube (quería agradecer desde aquí los comentarios acerca de este razonamiento que me hizo un asistente al VII Congreso de la AEEE, celebrado el pasado enero en Pamplona). En efecto, la prima a las renovables estaba planteada como un mecanismo cap-floor, según el cual se establece la cuantía de la prima, un importe mínimo (el floor) y un importe máximo (el cap). Con estos datos, tenemos que:
- Si el precio de mercado de la electricidad más la prima es inferior al importe mínimo, la empresa cobra este importe mínimo.
- Si el precio de mercado de la electricidad más la prima está entre el importe mínimo y el máximo, la empresa cobra dicho precio de mercado de la electricidad más la prima.
- Si el precio de mercado de la electricidad más la prima es superior al importe máximo, la empresa cobra el precio de mercado de la electricidad. En este caso, como vemos, la prima es cero.
Como, en cualquier caso, el mayor problema del sector eléctrico está en el déficit tarifario, casi todas las medidas a tomar en relación con la energía se están diseñando para combatirlo. No hay nada confirmado pero hubo intención de suprimir el régimen de interrumpibilidad (algunos grandes consumidores de electricidad pagan menos por la misma si se comprometen a desconectarse del servicio cuando así les sea solicitado por cuestiones de seguridad en el sistema). Aunque en este caso, el coste de interrumpibilidad afecta directamente al déficit tarifario, pues es un coste que debe asumir el sistema, de nuevo creo que sería una equivocación prescindir de esos kilovatios que tanto puede necesitar el sistema en momentos de congestión. Un coste que en este caso se pagaría con apagones e irregularidades del servicio. Afortunadamente, de momento parece que la propuesta no saldrá adelante y el sistema seguirá teniendo opción a la interrumpibilidad de los grandes consumidores que así lo deseen.
Por último también hay rumores de una tasa a la generación eléctrica; no está claro si será única para toda la generación o si discriminará la fuente de la energía. Lo que sí es seguro es que ganarán los de siempre: las grandes eléctricas, en detrimento de las pequeñas –en especial de las del régimen especial por lo ya comentado– y de los consumidores que verán como toda esta nueva fiscalidad se traspasa al precio que pagan por la electricidad.
Y todo sin tener en cuenta la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas. La de Garoña, por ejemplo, ya vio ampliada su duración en seis años hasta 2019. Mientras el resto del mundo, la todopoderosa Alemania incluida, se está replanteando la generación de energía eléctrica en centrales nucleares, aquí nos apuntamos a lo exótico y lo que nos planteamos es darles más cancha –y consecuentemente más beneficios a sus propietarios, que ¿adivináis quiénes son? Efectivamente: las grandes eléctricas–. De nuevo, no todo es blanco o negro: en lo que toca a la generación nuclear es muy difícil –aunque creo que no imposible– en el sistema español prescindir a corto/medio plazo de la estabilidad que proporciona este tipo de generación. Además, la generación nuclear es “limpia” en el sentido de que no emite gases de efecto invernadero.
En fin, las cartas están sobre la mesa. Y los ministerios de Industria y Hacienda están esperando a ver cuál de los dos hace la primera apuesta. ¿Cómo acabará todo esto? Parece que en agosto sabremos la solución… Mientras tanto, esperaremos; aunque si queréis un análisis más detallado de las diferentes posibilidades y sus consecuencias, podéis verlo aquí.
Es curioso lo que conlleva el riesgo legal para un proyecto… tanta inversión en renovables, las cuales tenían garantizados por ley unos ingresos… todo tirado por la borda!!!
A ver cómo se resuelve este entuerto…
Unas opiniones personales al respecto:
“una de las funciones del Estado es promover las condiciones favorables para el progreso económico.” Una cosa es favorecer un entorno favorable, y otra es decidir por encima del mercado qué industrias son las que merecen el éxito y cuales no. Y además, cargar con impuestos al ciudadano sus decisiones.
“Y que conste que soy de los que creen que el hecho de que suba el precio de la electricidad –por supuesto, no para financiar a las eléctricas su mayor coste en derechos de emisión– no estaría mal en un mercado como el español en el que los consumidores tenemos muy poca consciencia del verdadero precio de la electricidad “.- ¿Sabe usted que alrrededor del 53% del precio que paga en su factura eléctrica corresponde a “recargos por normativa vigente e impuestos diversos”. Con los cuales se subvencionaban energías limpias y otras como el carbón nacional.? En una factura mensual de 70€, 37 € se pagan para impuestos y 33 € para el verdadero coste de su ministro eléctrico.
Creo que nuestro mercado energético se encuentra en la situación que se halla, debido precisamente a la constate intervención del poder político, que hasta hace poco no permitía ni la elección del distribuidor electrico y que a día de hoy, no permite la fijación del precio libre en el mercado.
Un cordial saludo.
En cuanto a la primera opinión que expresas, acerca de que el Estado no puede decidir por encima del mercado qué industrias son las que merecen el éxito y cuáles no, no puedo menos que estar totalmente de acuerdo. Ahora bien, una cosa es que el estado decida qué industrias merecen el éxito y otra es que haya determinados sectores (en concreto el eléctrico aunque hay más ejemplos) que, por sus características, no parecen capaces de ser económicamente eficientes si se les abandona al libre albedrío del mercado o si se deja que uno de los participantes atesore demasiado poder de mercado. Por estas razones, esos sectores han sido tradicionalmente regulados por el Estado. Ojo, regulados no quiere decir que el Estado decida quién y quién no participa, sino qué condiciones debe cumplir un agente que quiera participar en ese mercado y cómo debe participar.
Desde finales de los años 70, esa regulación del sector eléctrico se ha ido relajando de forma que, en la actualidad, en la práctica totalidad de los países industrializados, el sector se ha dividido en cuatro actividades: generación, transporte, distribución y suministro de la electricidad. De éstas, el transporte y la distribución se mantienen como actividades reguladas, mientras que la generación y el suministro se llevan a cabo en régimen de libre competencia (salvo el suministro de último recurso que va a tarifa).
Y esta separación entre actividades reguladas y no reguladas me sirve para enlazar con la segunda opinión que expones. Impuestos, lo que se dice impuestos, en la factura eléctrica se paga alrededor de un 5% de impuesto eléctrico más el IVA. Los “recargos por la normativa vigente” sirven para remunerar las actividades reguladas (en otro caso, recibiríamos una factura por el uso de las líneas de alta, media y baja tensión) y para pagar la operación del sistema (la infraestructura necesaria para mantener el sistema operativo y equilibrado las 24 horas del día, los 365 días del año) y la operación del mercado, la CNE, la moratoria nuclear, la prima del régimen especial, los intereses del déficit tarifario de los últimos años, el sistema de interrumpibilidad, etc… Algunas de estos egresos son opinables (o fruto de decisiones políticas, como prefieras), pero muchos corresponden a conceptos económicos que deben ser pagados a los que los proveen, ya sea en la factura eléctrica o en otra.
Espero poder escribir una entrada (o varias) desarrollando un poco todas estas ideas, porque así expresadas no transmiten la complejidad que realmente tiene el sistema eléctrico. En cualquier caso, gracias por tus comentarios.