Una visión sobre el proceso de los desahucios en España

Una visión sobre el proceso de los desahucios en España

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De nuevo asistimos perplejos a la visión más dura y realista de la crisis que nos envuelve desde el año 2008, y de la que parece nos va a costar salir. Tras unos años centrados en problemas macroeconómicos, vemos ahora como la microeconomía y la Sociedad paga las consecuencias de un sistema muy mal construido, con cimientos en la virtualidad y sin el tejado de la esperanza. El problema de las ejecuciones hipotecarias no es más que la consecuencia de muchos factores que han estado latentes en nuestra economía particular desde hace muchos años, casi décadas.

Proceso desahucio

Cada día que pasa se reafirma más el famoso axioma que dice que si algo puede ir mal, irá y además será susceptible de empeorar. Bajo mi punto de vista no es más que una consecuencia de otro axioma de rango superior, el cual estipula que los problemas del pasado no resueltos, o mal resueltos, volverán con mayor virulencia en un sistema cíclico, como lo es el económico. En las últimas semanas vivimos perplejos ante el asunto de los desahucios debidos a las ejecuciones hipotecarias, y es bien cierto que detrás de cada caso hay un saco cargado de frustraciones, de desaliento y en ocasiones, de terribles situaciones de estrés y desesperación. En un país cuya cultura y tradición nos mantienen muy anclados a nuestro entorno y relaciones familiares, donde la propiedad es algo cohesionador, el hecho de ser despojados del elemento catalizador del vínculo es una verdadera tragedia.

No tengo ninguna duda al respecto, hasta hace bien poco, España, y el consumidor español, destacaba por una baja mora y por la seguridad que ofrecía el pago hipotecario, puesto que en un panel de estudio, se decía que lo último que dejamos de pagar es la hipoteca. Si hemos llegado a este punto, salvando los casos particulares, es que la situación es grave. Lo que realmente me sobrecoge de las noticias gráficas, son las expresiones de impotencia, la desesperación y ver como toda una vida cabe en unas pocas cajas.

No obstante, sin hacerme insensible a este problema, hay que reconocer que hay múltiples factores que lo han provocado, y más que abrir el abanico de culpables, debemos buscar el de las soluciones. Ambos análisis, aunque de forma somera deben ser propuestos a debate.

Desde el punto de vista de las entidades financieras, hay un antes y un después y lo que deben realmente analizar es, porqué solo el 3% de hipotecarios en ejecución, provocan tal huracán de consecuencias sociales. Como dije al comienzo, los parches a problemas pasados se han convertido en todo un pinchazo, con fugas por todos sus poros. El estrepitoso fracaso del sistema de Cajas tiene un altísimo grado de culpabilidad, porque no podemos olvidar que el instrumento subyacente era, en las poblaciones más pequeñas, y en otras no tanto, un voto hipotecado, más que un préstamo hipotecario. Las Cajas, con la bandera de la prosperidad teñida de un color político cualquiera, han espoleado un estado de bienestar aparente, falso y endeudado hasta límites impagables. Por otro lado, y como recientemente ha ratificado la Comisión europea, la Ley hipotecaria española es abusiva y esconde la indefensión del hipotecado, un hermetismo y encorsetamiento total, que hace vanos los esfuerzos de salvar el bien. La cultura del dinero fácil y rápido, que nos caracteriza como pueblo, ha hecho el resto. No podemos olvidar los ratios de endeudamiento, elevadísimos, por encima de lo sostenible, y que con creces superaban, en muchos casos, el 70% de los ingresos de los nuevos propietarios. Tampoco es desdeñable la súper-valoración del bien, con ofertas regulares de financiación del 120% del valor; de bienes que hoy no valen ni el 60% nominal. El panorama es más que peliagudo.

Desde el punto de vista de los clientes y nuevos y flamantes propietarios, tenemos que observar el problema como una falta de responsabilidad, siempre generalizando, lo cual puede no ser del todo cierto, pero sí aclaratorio. Bajo unas condiciones espectaculares, se han hipotecado bienes perecederos, bienes de consumo, de bajísima amortización, incluso intangibles, como vacaciones en el Caribe. Todo ello, en paquetes de financiación que iban mucho más allá que el simple bien inmueble. Esto, estimados lectores, ha sido una falta total de responsabilidad, e insostenible para cualquier economía medianamente bien analizada. He aquí otro problema, un país con un escaso nivel cultural (económico cuando menos), se vio inmerso en procesos financieros de riesgo complejos, sin más análisis que el de la ventana temporal a corto plazo y bajo una capa de crema protectora solar desde cualquier punto vacacional que se nos antojaba. También ha sido muy extendido el hecho de incorporar a la casa, un coche, o dos, y todos los avances tecnológicos posibles, sabiendo que su período es, cuando menos, diez veces inferior al del bien que debía garantizarlo todo. Mucha culpa tenemos de esto, y debemos reflexionar y entonar un poquito el mea culpa.

No podemos dejar de lado a los gobiernos, sucesivos, unos y otros, que han permitido toda esta retahíla de desmanes sociales y financieros, porque es imposible separar la gestión gubernamental de la financiera, en el caso de las Cajas, claro está. La inhibición total del Banco Central en los procesos de financiación sospechosos no puede quedar al margen y la permisividad a cambio de favores electoralistas, tienen hoy su reflejo en el problema que se nos presenta. En un análisis a posteriori es fácil concluir que estos conocidos resultados no aparecerían en el corto plazo, sino en el medio y largo y que lo que se pretende ahora es corregir desvíos en tiempo record, de nuevo, parchear una situación compleja. Si entendemos a la Judicatura como parte del Gobierno, o de sus responsabilidades, me congratula leer y escuchar estos días, cierta sensibilidad por parte de Jueces y Magistrados, y también es de agradecer que hayan pedido ser parte del proceso, puesto que detrás de ello se puede ver que la Justicia está para solventar los problemas de la población, y no solamente para castigar acciones al margen del marco legal establecido. Es de lo poco con sentido que hemos podido escuchar en estos últimos días. Los intentos de movilización ciudadana, con clarísimos fines políticos, con manifestaciones y evidentes insultos al Gobierno actual, con sentadas en sus distintas sedes, me parece que son una vil instrumentación de la tragedia social que vivimos, y un deplorable intento de obtener rédito político. Se podría decir mucho más al respecto, pero no es el objetivo de esta reflexión de hoy.

En este marco de irresponsabilidad social (ciudadanía) y corporativa (Estado), y tal como se presentan los caldeados ánimos, debemos abstraernos de la ejemplificación y remangarnos para el trabajo en busca de soluciones.

Algunas propuestas que están saliendo a la luz pasan por acuñar una serie de términos, como los siguientes: de buena fe, situaciones extremas, riesgo de exclusión social, todas ellas con un altísimo aporte de subjetividad y ambigüedad, lo cual no representa el camino hacia una resolución definitiva y duradera. Más aún, este tipo de variables nos conducen hacia la ejemplificación y evaluación de cada caso, y ello no derivaría en un marco legal conjunto y consensuado. Creo que no son válidos para la evaluación. La acción inmediata, lejos de ser la óptima, parece que será la de exonerar del pago, o paralizar los procedimientos judiciales de forma temporal, y hasta la fecha, esa temporalidad no está definida. Sin embargo, en una breve visita a algunas entidades bancarias, es inmediato observar que, aquellas que han sido serias y conscientes, ya han propuesto medidas individuales, dentro de un marco regulado. Solamente las entidades bancarias podrán caer en la ejemplificación, y hacer un análisis caso a caso, quizás con la ayuda e intervención de un árbitro, porque en caso contrario podemos volver a caer en las fauces del sistema financiero altamente debilitado y limitado en sus escrúpulos.

Otra propuesta que se está escuchando con mucha fuerza es la de la famosa dación en pago. Creo que ésta debería ser la última de las propuestas, porque detrás de ella, y con la sospecha de la buena fe, el riesgo de exclusión y la situación extrema de cada uno, es muy factible que suceda un peligroso rebote de inmuebles, que fueron adquiridos por un importe determinado, y que hoy no valen ni la mitad. Esta huida hacia delante no me parece que sea muy óptima, y me parece evidente que una entidad crediticia no desea almacenar bienes devaluados y ajenos a su core business. Se podría dar el caso, y no desdeñemos tal oportunidad, de traspasar la propiedad al banco, resolver el contrato hipotecario y evitar la responsabilidad muy superior contraída, pasando el problema a ser de la propia entidad. Aquí tenemos dos caras de la moneda, el cliente sabe desde un primer momento las consecuencias del impago hipotecario, y la entidad de recuperar un bien inmueble que ya no vale lo que en el pasado, adquiriría un bien muy devaluado. Ambas cuestiones no son de la preferencia de las partes. De eso estoy seguro.  

Sin tratar de ser el salvador y con la claridad de no ser yo quien solucione el problema, creo firmemente que la resolución conllevará un alto grado de compromiso por parte de todos, de sensibilidad y de equidad. Debemos ser muy conscientes de los compromisos adquiridos, y de las responsabilidades inherentes, y mucho cuidado y atención a la permisividad en el impago, puesto que se abrirá tal casuística, mucha de ella calificada como pillería, que pueden conducirnos hacia la anarquía financiera, una segunda burbuja de stock de viviendas devaluadas y a un relajamiento en las funciones de cada quien. En este punto quiero incidir, porque la cuestión de exonerar del pago no es la solución, del mismo modo que acudimos al supermercado o a una cafetería y abonamos los servicios prestados y productos adquiridos, cuando hemos adquirido un producto hipotecario debemos satisfacerlo, en todos sus términos. Y también me hago eco de aquellas voces críticas que dicen que bajo el rescate del sistema financiero debería acogerse un rescate al ciudadano. En cierta manera esta corriente puede ser entendible, sin embargo creo que no podemos aplicar la transitividad total a los derechos y deberes contraídos por cada parte contractual.

El problema es serio, no requiere de soluciones temporales ni parches legales, y debe ser observado desde una perspectiva mucho más global, en un marco temporal más amplio, que permitirá depurar responsabilidades y evitar errores futuros, y sobre todo, garantizar una sostenibilidad económica en el núcleo familiar. Repito que habrá que aplicar grandes dotes de sensibilidad, de equidad y responsabilidad, pero ojo, por parte de todos como conjunto social, como Sociedad Civil que queremos llegar a ser.

Archivado en Cajas de Ahorro, Desahucios, Estado del Bienestar
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