El problema del paro en España es excesivamente grave. De hecho es algo que preocupa no solamente en instancias nacionales. Lo cierto es que Europa con la reforma laboral ya nos dio un buen tirón de orejas y nos pidió que trabajemos en mejorar el servicio de colocación público que de momento parece dar escasos resultados. La verdad es que en lugar de eso, el Ministerio de trabajo está dispuesto a pagar a terceros para lograr el objetivo de reducir el desempleo en España.
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la lista de hasta 80 agencias privadas con las que las Comunidades Autónomas (son éstas las que tienen competencias de empleo) pueden gestionar contratos de parados que acudan a sus entidades. Esto quiere decir que aquellas que quieran conseguir mejorar sus cifras pueden hacerlo con este tipo de empresas privadas.
El pago a dichas empresas privadas por la colocación de parados procedentes de las listas públicas en empleos del sector privado variará entre los 300 euros y los 3000 euros por persona. Una cifra que sin lugar a dudas está cuestionando muchas bases de lo que se supone debería ser inversión en servicios públicos. ¿Cuánto se podría hacer con todo ese dinero si se invirtiese directamente en los servicios de colocación del Estado y Comunidades?
En todo caso, el pago que se hace por desempleado al que se encuentre trabajo a estas entidades tiene unas condiciones. Así, para cobrar los 300 euros por parado tiene que existir un contrato por al menos seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses. En el caso de ser medias jornadas se reduce la cuantía. La subvención máxima se obtiene en el caso de desempleados mayores de 45 años considerados parados de muy larga duración. Por último, en caso de que el trabajador no conserve dicho empleo, las agencias podrán cobrar como máximo el 50% de la cuantía que corresponde.
El Ministerio de Trabajo destinará 200 millones a este objetivo y espera las Comunidades Autónomas contemplen el resto del capital en sus presupuestos.
Imagen: Irekia
