Como ya sabrás, España ha querido adelantarse en la aplicación de una norma europea que obliga a que las comisiones por pago con tarjeta se reduzcan en nuestro país. Deben además reducirse hasta el punto de que en septiembre entrará en vigor una ley que impide que se les cobre a los clientes, o a los establecimientos comerciales (que son los que por lo general pagan esta tasa) un importe superior al 0,3% de la compra total en el caso de uso de las tarjetas de crédito, y un 0,2% si se decide a pagar la compra con tarjetas de débito. Hasta ahora, la comisión máxima que se podía aplicar era del 0,78%, y la mayoría de las entidades españolas era la que tenían establecida.
Las nuevas críticas a una reforma que no ha sentado demasiado bien a la banca, porque ve como su porcentaje de ganancia se reduce a casi el triple, y se suma a lo que es la caída generalizada del consumo y por lo tanto del pago mediante medios electrónicos, se centran en que no entienden cuál va a ser el ámbito de aplicación de la norma. Es decir, si deben ajustar esos precios a los pagos con tarjetas nacionales, o también deben hacerlo a aquellas de turistas o clientes que usen medios de otros países.
Aunque de momento parece que desde el gobierno no le responden, ni tampoco desde el banco Central, la realidad es que la norma debería a mi juicio estar vigente en todo el territorio y para todos los plásticos. Se rompería el principio de igualdad al cobrar más según el origen del ciudadano o de la propia tarjeta en sí misma. Pero los bancos defienden lo contrario y solicitan que el pago de comisiones por pago con tarjeta se limite tan solo a las tarjetas españolas.
Imagen: Jorge Franganillo
