El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobaba, mediante el Real Decreto-ley 9/2013, la prometida reforma eléctrica. Su motivación: atajar el déficit tarifario, el cual, de no ser por esta reforma, habría aumentado en 4.500 millones de euros en este año, para el que la ley –en concreto el Real Decreto-ley 6/2009– imponía que los ingresos y costes regulados ya estuviesen equilibrados y no se produjese déficit tarifario.
El Gobierno fundamenta la “extraordinaria y urgente necesidad” de la reforma en el crecimiento descontrolado del déficit tarifario, debido al incremento de los costes regulados a un ritmo muy superior al de los ingresos por tarifa –un 197% frente a un 122% desde 2003–. La reforma, por lo tanto, se basa en:
Reducir el monto de los costes regulados.
Incrementar la cuantía de los ingresos por tarifa.
Traspasar, en la medida de lo posible, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algunos de los costes del sector.
Reducción de costes regulados
La ley analiza cuáles son los costes que más crecen y concluye que son aquellos relacionados con la financiación del déficit tarifario y las primas al régimen especial. En concreto, éstas crecen casi un 500% –en la última década– pero ninguna referencia se hace a que la cobertura de la demanda mediante renovables (recordemos que en el régimen especial hay otras tecnologías de generación que no son renovables y también cobran primas) ha crecido –para el mismo período– desde el entorno del 20% hasta el 40%, lo cual, como ya habíamos comentado en una entrada anterior, además está en línea con los objetivos europeos para el 2020, por no hablar de la reducción que supone en dependencia energética para nuestro país.
¿Solución? Cambiemos la retribución del régimen especial. Da igual que las inversiones hayan sido efectuadas confiando en la seguridad jurídica de nuestro país. Como igual da también que la dimensión de las empresas generadoras sea mucho más reducida que la de las empresas eléctricas tradicionales y, por lo tanto, su capacidad para absorber este cambio sea mucho menor, máxime si tenemos en cuenta que gran parte de su inversión está apoyada en financiación bancaria. Como igual da también que, en concreto, las renovables, sean una inversión en tecnología de generación eléctrica de futuro. En fin…
Las primas al régimen especial no son los únicos costes que se recortan aunque sí los que más. También se cambia el régimen retributivo de las actividades reguladas, transporte y distribución, en manos de Red Eléctrica Española y de los grupos eléctricos tradicionales, respectivamente. Dirán algunos que esto ya demuestra que la reforma no es una reforma “contra las renovables” pero no nos lo creemos. Y no nos lo creemos porque las actividades de transporte y distribución son actividades ya muy maduras, en manos de empresas muy maduras, que podrán sin duda absorber el cambio con un menor impacto en sus respectivos negocios.
Y, por último, en el capítulo de costes, se recortan también los pagos de otras actividades reguladas del sistema –los pagos por capacidad– y se revisa el reparto del coste del bono social –invalidado, como vimos en una entrada anterior, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012–, que pasa a tener que ser asumido por las sociedades matrices de los grupos verticalmente integrados que realicen actividades de generación, distribución y comercialización. Medidas éstas de impacto menor en el total de la reforma.
Incremento de ingresos por tarifa y traspaso a PGE de determinados costes
Los consumidores también tenemos que soportar parte de las medidas apuntadas por esta reforma. La estructura de peajes (tarifas) va a ser modificada, eufemismo para indicar que va a subir la parte regulada de la factura eléctrica. Creemos que es razonable. Si tenemos en cuenta que el déficit tarifario viene de la situación en la que los ingresos regulados no cubren los costes regulados, la solución tiene que venir por reducir los costes regulados, incrementar los ingresos regulados o una combinación de ambas. Y en la parte de incrementar los ingresos es en la que entramos nosotros. Independientemente de quién sea el culpable y quién el beneficiario, esa situación de insuficiencia de ingresos la venimos aguantando durante los últimos 14 años y, aunque pagamos una de las electricidades más caras de Europa –con lo que eso implica en cuanto a inflación, bienestar de las familias, competitividad de nuestras empresas, etc.– también debemos ser, en cierta manera, consecuentes con el problema y aportar nuestro granito de arena. El Gobierno prevé un incremento del 3,2% y creemos que es asumible. Pero al mismo tiempo nos tememos que dicho incremento va a ser mayor porque ese porcentaje no es más que un promedio de los cambios regulatorios que, a la hora de traspasarlos a la práctica, puede variar mucho. Estemos preparados, por si acaso.
En lo que toca al traspaso de costes a PGE, comentar que aquí el Ministerio de Industria ha perdido la batalla con el de Hacienda que sólo va a financiar el 50% del sobrecoste de generación insular y extrapeninsular –el exceso del coste de producir electricidad en pequeños sistemas como los insulares o las ciudades autónomas–.
Una reflexión final
Con todas estas medidas, el Gobierno prevé dejar a cero del déficit tarifario para este año 2013. Lo tiene muy difícil pero ojalá lo consiga. Lo tiene muy difícil por culpa de una regulación muy defectuosa que comenzó con la Ley 54/1997 y cuyo rumbo esta reforma no es capaz de enderezar.
Dice el Gobierno que aquellos 4.500 millones de euros de déficit previsto para 2013 son asumidos por esta reforma de la siguiente manera:
La reducción de costes regulados supondrá un ahorro de 2.700 millones.
El incremento de ingresos por tarifa permitirá disponer de 900 millones adicionales.
Los PGE asumirán los 900 millones restantes.
Como vemos, el énfasis se ha puesto en la reducción de costes. Y, dentro de estos, en los cambios retributivos del régimen especial. Dijimos anteriormente que esta reforma pone en bandeja la cabeza del régimen especial a las grandes eléctricas. Y acerca del porqué ya hemos apuntado algo. Muchas de las empresas del régimen especial, eficientes o no, va a empezar a verse ahogadas por la financiación. Los prestamistas, los bancos, querrán, dada su propia situación, evitar a toda costa tener que provisionar la ingente cantidad de deuda del sector por lo que presionarán a los empresarios para que solucionen su situación lo antes posible. La forma más rápida de solucionarla será vender, malvender, el negocio. ¿Y dónde están los compradores? Veremos si los grandes grupos eléctricos no están ya relamiéndose ante la perspectiva de hacerse con la parte del pastel que les faltaba. Ellos tienen la capacidad financiera necesaria para aguantar la situación hasta una futura reforma que vuelva a apostar por las renovables. Al tiempo.
