La reducción de los costes operativos de una empresa se puede llevar a cabo de varios modos. Uno de ellos es la fórmula conocida como integración productiva. Un problema importante surge de inmediato: la duplicación de activos, tales como instalaciones productivas, oficinas, equipos… La integración de las empresas supone un coste adicional derivado de la reestructuración.
A tener en cuenta para reducir costes operativos:
Esta integración tiene por objetivo primordial la reducción de los costes operativos.
La integración de las empresas supone un coste adicional derivado de la reestructuración de la empresa resultante. Especialmente relevante es el caso de la eliminación de puestos de trabajo. Otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta:
– Compatibilidad de las instalaciones productivas
– Complementariedad de las tecnologías
– Compatibilidad de los sistemas informáticos
– Obsolescencia de equipos
– Dimensión de las distintas áreas de actividad
– Posibilidad de integrar los respectivos canales de aprovisionamiento y/o distribución
– Reciclaje del personal a las nuevas tareas
De la adecuada elección depende la consecución de sinergias, el fortalecimiento de la posición competitiva y la creación de valor de la empresa. Estos y otros problemas similares vienen definidos por el grado de compatibilidad entre los procesos fundamentales. Es preciso planificar el proceso adecuadamente pero, sobre todo, transmitirlo con suficiente transparencia a los grupos de interés implicados.
Es recomendable actuar con la máxima rapidez posible en la resolución de los problemas, las decisiones que se toman en las primeras etapas después del acuerdo suelen ser de vital importancia.
Defensa de la competencia
Reducir costes operativos en una empresa supone tener también en cuenta la normativa. Las fusiones y adquisiciones, principalmente horizontales, están sujetas a la normativa de defensa de la competencia que todos los países occidentales tienen establecida. Las empresas deberán ser cuidadosas respecto a la aceptación por parte de los poderes públicos. El argumento que justifica este tipo de normativa radica en:
– Que el poder político debe intentar preservar la libre competencia en su sistema económico como garantía de una igualdad de oportunidades entre los agentes implicados y en beneficio de los consumidores finales
– Se puede plantear también que las autoridades públicas deben facilitar la eficiencia empresarial y potenciar la existencia de empresas sólidas capaces de competir en el ámbito internacional. Ante la disparidad de argumentos, la autoridad pública suele tener un margen de discrecionalidad
En España, el organismo que regula y controla es el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es un órgano consultivo de la Administración Central. En el seno de la UE, también existe una normativa legal, de obligado cumplimiento. Es especialmente relevante ante el aumento de operaciones de concentración empresarial que afectan a empresas de dos o más países integrantes.
