Del servicio público de empleo mucho se ha hablado a raíz de las peticiones de Europa que exigen cambios importantes en la organización, ya que actualmente apenas son capaces de colocar en el mercado laboral a una pequeña minoría de parados que no alcanza nunca el 10%. Teniendo en cuenta el problema endémico del paro que tiene España, la petición, a la vista de los resultados, pareciera lógica. Sin embargo, de momento, no hemos visto a la Administración Central mover un dedo por colocarse nuevos objetivos. Todo lo contrario. Hace unos meses saltaba la polémica de la contratación de agencias externas a las que se les suministraba una buena cantidad de dinero por encontrar cualquier empleo a parados. Algo ilógico si tenemos en cuenta el coste del servicio público y el empleo de mejor calidad que genera.
Pero parece que dentro del propio servicio público de empleo, los trabajadores han llegado ya al tope de lo que se puede permitir. Los recortes se han cebado con su departamento en el que actualmente trabajan 9500 personas, aunque son 6500 en 711 oficinas las que se exponen cara al público. En total, 22 solicitudes presenciales y 7 tramitaciones de ayuda al día por cada empleado. Así, no pueden destinar más de 15 minutos con cada uno de los ciudadanos, lo que deriva en una situación realmente insostenible en la que la calidad ya no importa.
Si a todo esto sumamos el hecho de que no hay medios técnicos, que el ministerio subcontrata para servicios a profesionales no cualificados, y que los salarios son hasta un 23% inferiores a los de otras áreas del propio ministerio, la llama se ha encendido. Las movilizaciones y la posible huelga está convocada por casi la totalidad de los sindicatos. El ministerio, por su parte, no reconoce ningún atraso, aún pese a que los funcionarios aseguran estar concediendo citas para atender al público a una semana vista.
Imagen: Treball Generalitat
